Hoy se cumplen cinco días de cierres viales en diferentes puntos de la Provincia de Pamplona, la región de Norte de Santander que se ha sumado hasta ahora al paro nacional convocado por organizaciones sociales contra la implementación del catastro multipropósito, el cual ha provocado el incremento excesivo de los impuestos prediales, afectando principalmente a productores y campesinos de 527 municipios del país.
Desde el inicio de la protesta se mantienen los mismos puntos de bloqueo: el sector de Los Adioses en Pamplona, Cucutilla, La Laguna, Chitagá, y La Lejía, en su mayoría con cierres permanentes, y con un corredor humanitario habilitado para las emergencias. Igualmente, se pudo conocer que habitantes del municipio La Esperanza se unieron con los de San Alberto, en Cesar, para manifestar en ese sector.
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No obstante, ayer, en dos de estos cierres, se habilitó el tránsito para descongestionar la vía. En el caso de Chitagá, La Opinión conoció que se abrió por una hora; mientras que en Los Adioses se habilitó el paso hasta que circularon todos los vehículos represados, muchos de ellos de transporte de personas y de carga, para luego bloquear indefinidamente.
Los líderes insisten en ser escuchados por el Gobierno nacional, al que le piden la eliminación de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) que establece los porcentajes de incremento para los avalúos catastrales rurales en más de 500 municipios de Colombia para la vigencia 2026.
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Mesa de concertación
Ante la presión que se viene ejerciendo en diferentes vías del país, el Gobierno nacional habría accedido a incluir en la mesa de concertación que se adelanta al respecto a las veedurías que están liderando la protesta.
Sin embargo, hasta ayer dichas organizaciones no tenían claridad sobre las “garantías de participación incluyente, equitativa y justa en esa posible mesa de diálogo nacional”, que piden sea desarrollada en Lebrija, Santander, con presencia de funcionarios con capacidad de toma de decisiones directas frente a esta problemática.
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La razón sería para garantizar la rápida llegada no solo de los representantes del gobierno, sino también de los voceros de la movilización, para quienes han pedido garantías de transporte y seguridad antes, durante y después del encuentro.
Tatiana Muñoz, líder nacional de la veeduría Unidos por un Catastro Justo, manifestó el pasado sábado que la directriz es seguir adelante con el paro “hasta llegar a un acuerdo. Hoy tenemos a todo el mundo hablando de este tema, pero no solo es hablar, necesitamos que se tumbe la resolución (2057 de 2025) que volvió ricos a los más humildes del país”.
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