En atención a las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad en el Informe Final que recogió las causas, consecuencias y afectaciones del conflicto en Colombia a lo largo de las últimas décadas, el Ministerio de Justicia ofreció ayer un acto de reconocimiento público a la dignidad de los servidores judiciales que, en el ejercicio de sus labores, fueron víctimas de la guerra.

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El escenario fue el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, que congregó a familiares de decenas de funcionarios de la Rama Judicial que tuvieron o tienen que padecer todavía amenazas, atentados, judicializaciones, secuestros, desplazamientos, desapariciones y que fueron asesinados o  exiliados, por cuenta de su servicio al Estado.

‘Justicia inquebrantable: entregamos memoria, recibimos esperanza’, fue el nombre del encuentro con el que concluyó un proceso largo de preparación adelantado con familiares de víctimas de Cúcuta, Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Montería, Pasto, San Andrés, Santa Marta, entre otras zonas del país, y liderado por el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol).

Durante el acto de memoria y reconocimiento se recordaron casos como el asesinato del investigador judicial William Duarte Cristancho, ocurrido en Ocaña, en 1993. El funcionario judicial y otro de sus compañeros, quien también fue asesinado, investigaban a la policía del pueblo, pues se sospechaba que le vendía armas a la guerrilla.

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Así mismo, el de Yesid Duarte Cristancho, hermano de William, y Jaime Ávila, quienes sobrevivieron a un ataque armado perpetrado a una comisión del CTI en Tibú, el 13 de marzo de 1996 y en el que otros dos agentes murieron: Quintín Díaz y Javier Martínez. Los hechos fueron atribuidos a las guerrillas del Eln y el Epl, como parte de una acción conjunta.

Duarte Cristancho, quien estuvo presente en el encuentro de ayer, dijo que lo sucedido en aquel entonces responde a esa ausencia de garantías para el ejercicio de la labor judicial que ha hecho carrera en el país.

Contó que, aunque el hecho ya fue reconocido por dos postulados del Eln y el Epl, quienes se acogieron a la ley de justicia transicional, el proceso está aún vigente y a la espera de un fallo por parte de Justicia y Paz, a pesar de que han pasado 27 años.

“Hay un sentimiento de frustración que nos embarga y que hoy sentimos las familias de las víctimas caídas, y nosotros los sobrevivientes, los desaparecidos y sus familias, no solo de estos hechos, sino de muchos otros, que hoy han sido tristemente olvidados por nuestra institución”, manifestó Duarte.

El técnico judicial para la época de los hechos, lamentó que solo hayan sido visibles por un momento y gracias a la difusión que hicieron los medios de comunicación.

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“Solo espero que esto nos lleve a reflexionar sobre la falta de garantías que aún a la fecha persiste y que requiere de una urgente implementación de condiciones adecuadas y dignas para retomar el ejercicio de nuestra labor, luego de haber sobrellevado hechos victimizantes de diferente índole, destacando una gran y evidente falencia en los programas en el área de salud mental a nivel institucional”, señaló.

El asesinato de Jesús David Corzo, director del CTI de Cúcuta, en septiembre de 2001, y del cual fue acusado Jorge Iván Laverde, El Iguano, excomandante del Frente Fronteras de la Autodefensas Unidas de Colombia, también fue recordado en el acto de memoria y reconocimiento.

De acuerdo con las cifras que ha documentado Fasol, entre 1979 y 2023, 1.262 servidoras y servidores judiciales han sido víctimas de diferentes hechos de violencia en el contexto de su labor. De ese universo de víctimas, 65 eran de Norte de Santander.

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El mayor perpetrador de los ataques ha sido los grupos insurgentes (266 casos), seguido del paramilitarismo (156 hechos), agentes del Estado (136) y grupos o actores sin determinar (519 casos).

‘Nos dejaron solos’

Durante el acto de reconocimiento, el viceministro de política criminal y justicia restaurativa, Camilo Eduardo Umaña, recordó que el relato más frecuente que se escuchó ante la Comisión de la Verdad desde que inició el proceso de investigación y esclarecimiento de lo que le sucedió al poder judicial en el contexto del conflicto, fue la soledad en la que quedaron sumidos los funcionarios por parte de la institucionalidad.

“La soledad del juez, de la juez, que buscando emitir una sentencia desde la más pequeña, tenía conciencia de que estaba firmando su sentencia de muerte. La soledad de los funcionarios de justicia que por practicar una audiencia sabían que estaban tocando a una persona intocable de la sociedad”, lamentó.

En ese sentido, destacó que el evento de ayer siempre tuvo un objetivo claro y una ambición, y era la de reconocer las dignidades de las personas que han dado su vida para conseguir una sociedad más justa.

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“El reconocimiento de esas valentías, incluso, con mucho miedo, y el reconocimiento también de la solidaridad”, dijo.

Insistió, al igual que Yesid Duarte Cristancho, en que, en el marco del proceso de escucha, las víctimas manifestaron una y otra vez la ausencia de garantías suficientes para el ejercicio de las funciones judiciales, la falta de respuesta institucional integral a sus casos y de protección plena para las personas sobrevivientes de la violencia y los familiares de las víctimas.

“Cuando eso no ocurre y los servidores judiciales son víctimas de la violencia, quedan sin investigar las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país”, señaló.

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