Tras identificar una serie de deficiencias que se han venido presentando para garantizar un proceso mucho más ágil y exitoso en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció un paquete de medidas que permita asegurar  rutas metodológicas de trabajo y mayores resultados en favor de las víctimas de este flagelo.

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Los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad indicaron que uno de los principales objetivos de esta decisión es consolidar un universo único de personas desparecidas, depurando la estadística que existe, puesto que actualmente uno de los problemas es que cada entidad maneja una cifra diferente y esto además de duplicar esfuerzos hace que el trabajo se base en subregistros.

“Hay un subregistro de víctimas de desaparición forzada debido no solo a los problemas de acopio y consolidación de información, sino también a problemas socio-culturales, como el temor a denunciar, la desconfianza en las entidades estatales y las dificultades de acceso a la administración de justicia”, manifestó la JEP.

Raúl Sánchez, presidente de la Sección de Ausencia, dijo que a esto se le suma el hecho de que hace falta un trabajo articulado entre las diferentes entidades  que haga posible una mayor coordinación y lograr que el tema esté en la agenda pública del país y de los territorios.

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Esto, luego de reconocer que una de las dificultades que se ha detectado en la implementación de las medidas cautelares de intervención en los sitios de interés, es que los alcaldes, principalmente, no tienen muy claro la competencia y responsabilidad frente a la custodia de los lugares en donde puede haber víctimas de desaparición forzada.

“Hay una ausencia de consolidación de los sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación. Así mismo, una dificultad en el acceso a la información por parte de las entidades a cargo de la búsqueda de personas en el país”, asegura la Jurisdicción.

Al respecto, la magistrada María del Pilar Valencia se refirió al caso del Cementerio Central de Cúcuta como una “experiencia edificante”, al recordar que en el marco de las medidas cautelares se logró una articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Medicina Legal, la Alcaldía y la Gobernación.

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“Este año se hicieron dos trabajos importantes, uno fue por la debilidad que hubo en el empalme y por eso se adelantó un trabajo pedagógico con las instituciones. También se hizo una jornada de atención integral con la Unidad de Víctimas. Allí fue posible atender a unas 100 personas, incluyendo la muestra de tomas biológicas. Esta es una metodología que vamos a seguir aplicando para generar un efecto multiplicador”, explicó Valencia.

Las entidades involucradas

En la medida adoptada por la JEP a nivel nacional se ordena a varias entidades del Estado establecer una ruta metodológica clara que permita coordinar y desplegar acciones de manera eficaz para responder a las numerosas solicitudes de familias que buscan a sus seres queridos.

Esto incluye a entidades como: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el DANE y el Ministerio de Salud.

El magistrado Raúl Sánchez dijo que, por ejemplo, el papel del Departamento Administrativo Nacional de Estadística es clave en materia de estadísticas e información de las víctimas, al igual que el del Ministerio de Salud, pues el propósito es que se trace una ruta para la toma masiva de muestras a las víctimas.

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De igual forma, es necesario que el IGAC y el Ministerio de Vivienda contribuyan con las cartografías para la identificación de sitios de interés forense, y el Ministerio de las TIC ayude con el diseño de una ruta para lo que se ha denominado la “búsqueda inversa”, que es cuando los cuerpos encontrados son los que buscan a sus familiares.

Por su parte, el magistrado Alejandro Ramelli, se refirió a la importancia que tiene la medida adoptada por la Jurisdicción en la búsqueda y definición de rutas y protocolos forenses necesarios para la salvaguarda y protección de los cuerpos de presuntas víctimas del conflicto, pues aseguró que Medicina legal “no da abasto y no tiene dónde ubicar más cuerpos”.

“En este momento existen más de 20.000 cuerpos sin identificar en los laboratorios de Medicina Legal y el número de cuerpos sigue aumentando. Este es un problema nacional y debería estar en la agenda pública”, dijo.

Hasta la fecha, la JEP ha adoptado 23 medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Esto ha permitido la exhumación de 1.265 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 entregados dignamente a sus familias.

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