En Norte de Santander hoy son aproximadamente 320.000 las víctimas del conflicto armado reconocidas en el marco de la Ley 1448 que está próxima a cumplir 10 años y cerca de 232.000 las que tienen acceso a las medidas de atención y reparación.

De este universo de afectados por el espiral de violencia que parece no tener fin en zonas como el Catatumbo, más de 5.000 han elevado solicitudes de restitución de tierras, con el fin de recuperar los bienes que un día les arrebataron los grupos armados o que tuvieron que abandonar por el miedo a perder sus vidas.

Hoy, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, La Opinión conversó con el director de la Unidad de Restitución de Tierras en el departamento, Edward Álvarez, para conocer cómo avanza el reconocimiento de aquellos que han sufrido la crudeza de la guerra en esta región.

Álvarez dio un parte favorable sobre el avance de las solicitudes de restitución, pese a los desafíos que ha implicado la pandemia de la COVID-19 y los que sigue representando la intensidad del conflicto, principalmente en la zona del Catatumbo.

Aseguró que a la fecha son ya 863 personas beneficiadas con 243 sentencias, de las cuales 454 son mujeres y 186 familias; 3.190 hectáreas restituidas, 58 proyectos productivos familiares con una inversión de más de $1.700 millones y 119 compensaciones. 

Norte de Santander ha recibido más de 5.000 solicitudes y presentado 790 demandas ante los jueces, con 243 sentencias, ¿esos resultados responden a la meta que se han trazado o sigue habiendo rezagos?

Una forma de medir o evaluar esto es decir cuántas solicitudes se tienen y cuántas se han podido habilitar, en ese sentido, podemos decir que se han recibido 5.064 solicitudes de restitución y la Unidad ha logrado, con el apoyo de la Fuerza Pública, habilitar 3.135, lo que quiere decir que estamos por encima del 60% y este es un dato muy importante, porque evidencia que sí se ha podido intervenir y avanzar en el estudio de las mismas. De igual forma, si uno compara el total de casos habilitados, con el total de casos decididos, esto es, 3.135 contra 2.572, se pude ver que la Unidad tiene habilitados en estos momentos aproximadamente 600 casos que son los que corresponden a la meta anual, que es en la que estamos trabajando. Eso quiere decir que estamos dentro de la capacidad adecuada de trabajo y resultados.

Y en sentencias, ¿también van al día?

Tenemos 790 demandas y 243 sentencias que han beneficiado a 863 personas. Esta segunda parte refleja también un avance muy importante porque el número de sentencias se ha incrementado.

¿La pandemia por el coronavirus ha impactado de alguna forma el avance de los procesos de restitución?

La Unidad de Restitución de Tierras, desde hace un año, empezó a hacer un vuelco principalmente hacia lo digital. Sin embargo, hay otras actividades que ineludiblemente requieren el trabajo presencial, especialmente dos: la atención al ciudadano, que se tiene habilitada, y las salidas al campo. Hemos podido coordinar con la Fuerza Pública todo el apoyo y la articulación para ir a campo y estamos haciendo actividades tanto en Norte de Santander como en Arauca. Tenemos un buen flujo de actividades. Los equipos se han adaptado y han podido coordinar el trabajo de manera remota, incluso, con los solicitantes.

Antes de que comenzara la pandemia estaba arrancando la intervención en zonas a las que había sido difícil entrar, como La Gabarra, ¿se vieron alterados esos procesos?

En La Gabarra avanzamos desde el segundo semestre de 2019 y logramos realizar actividades de campo en al menos 60 predios. En el segundo semestre del año pasado, una vez se habilitaron las condiciones de bioseguridad, retomamos actividades y hemos tenido un avance sostenido. Ya, incluso, presentamos casos ante los jueces de restitución de tierras.

En el Catatumbo, el conflicto armado es cada vez más intenso, ¿cómo están haciendo para avanzar con la restitución en medio de ese contexto?

Lo que hacemos es identificar cuáles son las zonas más favorables para la intervención y las condiciones en términos de seguridad para garantizar la integridad de los colaboradores, del equipo de trabajo y de los solicitantes cuando nos acompañan. En ese sentido, lo que hemos hecho es priorizar las zonas con mejores condiciones de seguridad. Este es el caso del casco urbano de La Gabarra y también algunas zonas muy específicas de Tibú. También hemos priorizado algunas actividades en Ocaña y Ábrego. Por supuesto, la complejidad en algunas zonas es muy alta.

¿Qué otros factores complican el proceso?

Uno de los principales obstáculos son las distancias en que se encuentran ubicados algunos predios, como en Ocaña y Ábrego. Es muy complejo ingresar por condiciones geográficas y de topografía, que dificultan el acceso de los equipos.

¿Qué casos exitosos de restitución se han dado recientemente en el departamento?

En Cúcuta tenemos muchos ejemplos de personas a las que se les ha restituido un predio urbano y la Alcaldía confluyó con la implementación de iniciativas económicas urbanas y ya tenemos personas que tienen su local de modistería, de alimentos, peluquerías. Tenemos también el caso de Ocaña, del café, que es muy importante: son cuatro beneficiarios que firmaron acuerdos de comercialización de café con la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo (Cooperacafé), a la que venden su producto tipo pergamino para producir un café especial. Así nació la edición especial Café del Catatumbo un grano para la paz.

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue ampliada 10 años más, ¿cuál es el mayor desafío que representa para la Unidad esta prórroga?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la restitución no se agota con una sentencia, sino que implica todas unas medidas de posfallo y el cumplimiento de la sentencia implica una convergencia de distintos órdenes y de diferentes entidades. En ese sentido, el trabajo de 10 años de toda la institución, tanto en lo nacional como lo regional, no se ha agotado con las sentencias, sino que viene la otra parte más exigente que es el cumplimiento pleno de la sentencia. Entonces, estos 10 años que vienen son propicios para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, además de resolver los casos que están pendientes de intervención.

¿Un reto para este año?

Seguir dando resultados articuladamente con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, para seguir avanzando en municipios como Sardinata y Tibú.