El fin del accionar violento de las Farc significará el paso de esa organización a la actividad política legal, en busca de consolidar sus ideas y transformarlas en votos y acceso a cargos de elección popular.
Ese tránsito constituye uno de los principales temores de los hombres aún en armas, pues recuerdan cómo un intento similar, hecho el siglo pasado, terminó en un genocidio por la participación de grupos paramilitares en unión delictiva de agentes del Estado.
Ocurrió a mediados de la década de los años ochenta, cuando las guerrillas en el país atravesaban por uno de sus momentos de mayor expansión territorial, el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur inició uno de los procesos más importantes en materia de negociación política.
Luego de muchos altibajos, en marzo de 1984 se logró firmar con la guerrilla de las Farc el llamado ‘Acuerdo de La Uribe’, también conocido como ‘Acuerdo de Casa Verde’, pues se rubricó en el principal campamento que tenía la guerrilla más antigua del continente y que, por entonces, contaba ya con 30 frentes distribuidos en la mitad sur del país.
Parte fundamental de los acuerdos fue el cese del fuego bilateral, que facilitó las condiciones para que algunos líderes guerrilleros decidieran incursionar en la vida política, entre ellos Braulio Herrera y el hoy negociador en los diálogos de La Habana, Luciano Marín Arango alias ‘Iván Márquez’.
El nuevo movimiento político fue bautizado como Unión patriótica, en la que se concentraban cientos de dirigentes de izquierda de las diferentes vertientes ideológicas como el Partido Comunista de Colombia, y el MOIR, además de otros más pequeños.
El auge de la UP se vio reflejado en las elecciones de 1986, cuando el naciente partido alternativo alcanzó una cifra récord de 256 concejales y 16 congresistas.
Sin embargo, el experimento no resultó, pues diferentes sectores nacionales como políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública, vieron en la naciente UP una extensión de lo que Jacobo Arenas, uno de los históricos ideólogos de las Farc llamó “la combinación de todas las formas de lucha”.
A ese brazo político se sumaba una insurgencia en expansión y unas Fuerzas Armadas incapaces de controlar el creciente número de ataques, secuestros y extorsiones en diferentes sectores del país, en especial el Magdalena Medio, la zona bananera del Urabá y de los Llanos Orientales.
Para ese entonces, ya el movimiento de autodefensa campesina -financiado especialmente por terratenientes- comenzó a pasar transformarse en grupos paramilitares que, con ayuda de agentes del Estado y aupados por facciones políticas de derecha, en su afán de contener a las guerrillas pasaron de la defensa armada a la agresión militar.
Luego vino la alianza de paramilitares con los carteles del narcotráfico, convirtiéndose en una amalgama de fuerzas oscuras al servicio del crimen.
Así, cerca de cuatro mil integrantes de la Unión Patriótica se convirtieron en un blanco fácil para esos grupos paramilitares que vieron en la expansión política de la izquierda una verdadera amenaza al statu quo.
Una historia de masacres
La naciente Unión Patriótica centró su epicentro político en territorios que históricamente habían tenido presencia de las Farc, es decir Meta, Magdalena Medio y el Urabá antioqueño y cordobés.
Y fue justamente en esas regiones donde comenzaría el exterminio de más de cuatro mil de sus integrantes a lo largo de casi dos décadas.
Pese a ello, para 1986 las Farc deciden postular su primer candidato presidencial. Se trataba del entonces presidente de Asonal Judicial Jaime Pardo leal, quien en esa primera incursión en política sacó un poco más de 320 mil votos, casi cuatro millones de sufragios menos que el ganador, el liberal Virgilio Barco Vargas.
En las siguientes elecciones legislativas y regionales, la UP se consolidó como movimiento político al obtener 24 diputados, 275 concejales, cuatro Representantes a la Cámara y tres senadores. Pero, paradójicamente, ya tenían contabilizados más de 300 militantes asesinados.
En un fallido intento por detener el exterminio, las Farc y los carteles de las drogas intentaron pactar una tregua que no funcionó, por el contrario, se recrudeció la guerra sucia, y el Gobierno le advirtió a la guerrilla que de seguir esas acciones la tregua bilateral que ya llevaba cerca de res años, podría terminarse.
Así ocurrió y el proceso de paz se terminó, y comenzó una escalada sin precedentes contra los miembros de la UP. La primera víctima fue el entonces senador Pedro Nel Gómez, y Braulio Herrera e ‘Iván Márquez’ abandonaron la lucha política y regresaron a las filas subversivas.
Para 1988, cuando ya la UP se había consolidado políticamente con 16 alcaldías y 256 concejales en todo el país, siendo el Meta su principal bastión, en los Llanos Orientales ya tenía 300 militantes asesinados. En solo una masacre, la del municipio de El Castillo, fueron masacrados 17 integrantes de la UP.
Lo mismo ocurrió en la zona del Urabá, donde las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil, iniciaron la masacre de políticos de izquierda en respuesta al terreno ganado en las urnas por la UP y al creciente número de asesinatos, extorsiones y secuestros de la guerrilla de las Farc.
Una de las masacres más violentas ocurrió en 1988 en el municipio de Segovia, nordeste antioqueño, donde fueron asesinados 43 integrantes de la UP, con el silencio cómplice de la Fuerza Pública, tal como quedó demostrado en la condena a la Nación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por esa época, ya los grupos paramilitares del Magdalena Medio habían sido entrenados por el mercenario israelí Jair Klein. Solo en esa región fueron asesinados 800 militantes de la UP.
A Pardo Leal lo sucedió como candidato a la Presidencia el político Bernardo Jaramillo Ossa, que posteriormente también sería asesinado en 1990, a pesar de que le dio un vuelco al Partido tratando de tomar distancia de la lucha armada que libraban las Farc.
En 1994, las autodefensas asesinan al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, padre del hoy senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro.
Ante la arremetida violenta, decenas de los principales dirigentes de la UP, entre ellos Aída Avella, tuvieron que exiliarse para evitar ser asesinados
El final político de la UP vino en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quitó la personería jurídica por no alcanzar el umbral de 50 mil votos establecidos por la reforma política del año anterior.
Si bien un reciente fallo del Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica, ya la fuerza política de la UP literalmente se apagó, pues hoy no cuenta con representación en las corporaciones públicas.
Mientras tanto, una sentencia contra el Estado colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo obliga a indemnizar a las familias de sus cerca de cuatro mil militantes asesinados y adoptar mecanismos de no repetición.
Colprensa
