La Corte Constitucional admitió la primera demanda contra la reforma pensional promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El recurso, interpuesto por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quedó bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien también es vicepresidente del alto tribunal.
En su decisión, el magistrado Ibáñez explicó que la demanda de la senadora Valencia es clara y plantea dudas sobre cómo se aprobó la reforma pensional del presidente Petro en el Congreso. El magistrado indicó que el proceso de aprobación de la ley podría haber ignorado pasos importantes que exige la Constitución.
Además, afirmó que la demanda presenta argumentos sólidos sobre posibles problemas en la forma en que se hizo la reforma.
Lea aquí: Desde septiembre del 2025 la Imprenta Nacional expedirá los pasaportes en Colombia
La senadora Valencia argumentó que la Cámara de Representantes evitó un debate necesario al aceptar el texto del Senado sin discutirlo ni explicar su contenido. Según Valencia, todos los aspectos de la reforma deberían haber sido discutidos en el Congreso, incluyendo las propuestas de otros congresistas durante el debate.
Otro punto de la demanda de la senadora es que la reforma crea un régimen especial de pensiones para ciertos grupos, como indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y campesinos, algo que, según la Constitución, no debería permitirse.
Valencia advirtió que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) podría tener demasiado poder para decidir quiénes califican para este régimen especial, lo que afecta a cerca de 20 millones de personas.
Conozca: ¡Adiós! En Manizales, un paciente esperó para despedirse de su mascota antes de morir
El magistrado Ibáñez consideró que las preocupaciones de Valencia no son "caprichosas" y que, de hecho, contradicen la Constitución, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de derechos pensionales a estos grupos sociales.
Asimismo, señaló que, aunque la intención del legislador pudo haber sido corregir la discriminación contra estos grupos, las dudas sobre esta parte de la ley deben ser resueltas a favor de la demandante.
Con la decisión de la Corte, los secretarios del Senado y la Cámara de Representantes tienen 10 días para entregar todos los documentos relacionados con la aprobación de la reforma, incluyendo las gacetas del Congreso y los informes de los debates.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
