El Consejo de Estado concedió una nueva tutela al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y ordenó al presidente, Gustavo Petro, retractarse en un plazo máximo de cinco días, tras acusarlo de “obligar a delinquir” a magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar su campaña presidencial y de “pagar favores” desde la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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La decisión judicial responde a una acción de tutela interpuesta por Vargas Lleras, quien alegó la vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra por un mensaje publicado por Petro en su cuenta de la red social X el 4 de diciembre de 2024.
En la publicación, el mandatario señaló que el exvicepresidente tenía injerencia en decisiones del CNE y en la designación de árbitros en la Cámara de Comercio.
Vargas Lleras argumentó que estas declaraciones carecían de sustento, pues no integra el CNE ni su elección depende de él, y explicó que la competencia del organismo para investigar al Presidente fue avalada por el Consejo de Estado en agosto de 2024.
Asimismo, destacó que Petro sugirió una manipulación del sistema arbitral, pese a que Vargas Lleras no ocupa cargos en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio ni tiene relación con sus decisiones.
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Según la sentencia, el Consejo de Estado determinó que las afirmaciones del Jefe de Estado "carecen de sustento probatorio" y "afectan la reputación" de Vargas Lleras. En consecuencia, ordenó a Petro emitir una retractación por los mismos medios en los que realizó las declaraciones.
El exvicepresidente envió una solicitud formal a la Presidencia el 10 de diciembre de 2024 para que el mandatario se retractara, lo que no ocurrió.
En respuesta, la Presidencia argumentó que la publicación reflejaba una "interpretación" sobre la relación entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la investigación que el CNE adelanta sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022.
El Consejo de Estado concluyó que el Presidente, en su condición de Jefe de Estado, tiene un "deber especial de veracidad y prudencia" en sus declaraciones, por lo que no puede realizar afirmaciones que puedan afectar la reputación de terceros sin pruebas contundentes.
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