El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular que busca que los congresistas del país reintegren el pago que recibieron por concepto de gastos de representación durante la pandemia, bajo el argumento de que cumplieron su trabajo mayoritariamente de forma virtual y, por lo tanto, no tuvieron gastos en viáticos o desplazamientos. Asimismo, la acción solicita, como medida cautelar, que se decrete la suspensión inmediata de dichos pagos a quienes sigan sesionando desde la virtualidad.

De acuerdo con Esteban Manco Pineda, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Eafit, quien presentó la demanda, el objetivo es proteger los derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público que fueron, presuntamente, vulnerados por los demandados. Argumenta que cada congresista recibe, dentro de su salario de $34 millones, alrededor de $14 millones por gastos de representación y que estos se siguieron entregando pese a las restricciones causadas por la llegada de la covid-19 para asistir al Congreso y para desarrollar trabajo en territorio.

“Esos $14 millones son para viáticos, tiquetes, alojamiento y movilizaciones a territorio, etc., lo cual no pudieron hacer durante la pandemia y se siguieron pagando, aunque los congresistas trabajaran desde sus casas. En mi concepto, el derecho al patrimonio público, como derecho de carácter colectivo, se vio menguado por cuanto, sin justificación, seguían recibiendo ese dinero”, indicó Manco.

Las implicaciones

Sobre la moralidad administrativa que también se estaría vulnerando en este sentido, el abogado sostuvo que la situación va en contra de una conducta recta de parte de los senadores y representantes a la Cámara. La acción popular, también se notificó al presidente Iván Duque Márquez, que fija los ingresos de los congresistas. “Aunque estábamos en pandemia, autorizó este rubro, que no podía ser admitido, lo cual está sustentado en los artículos 2 y 4 de la Ley 4 de 1992”, acotó.

En la admisión de la acción popular, el magistrado Jairo Jiménez Aristizábal concluyó que no hay urgencia manifiesta para decretar la medida cautelar solicitada, por lo cual corrió traslado de la misma a los accionados para que se pronunciaran; en este momento se está a la espera de la decisión. Las entidades demandadas también debieron contestar la demanda en general.

Según cálculos de Manco, desde que se decretó la cuarentena nacional hasta junio de este año fueron aproximadamente $59.000 millones correspondientes a gastos de representación de los 280 senadores y representantes. El abogado anotó que solicitó ante el Congreso la información sobre cuáles personas sesionaron de forma presencial cuando las condiciones lo permitieron, pero que no obtuvo respuesta. Por ello, opinó que cada uno deberá argumentar la destinación particular del rubro, para que los jueces puedan decidir.

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¿Qué dicen los congresistas?

Juan Espinal Ramírez, representante a la Cámara del Centro Democrático, respondió ante el Tribunal en oposición a la medida cautelar por considerarla improcedente. “Lo que hace parte de los gastos de representación es de libre destinación para pagar alojamiento en Bogotá cuando los que vivimos en otros lugares tenemos que ir, para gastos de desplazamiento, gasolina de los vehículos, transporte para ir a otros municipios y regiones”, dijo.

En su caso particular, relató, estuvo al menos dos meses y medio confinado en su residencia en Antioquia, pero cuando disminuyeron las restricciones comenzó a trabajar en territorio y acudió a algunas sesiones presenciales.

“Nosotros no paramos de trabajar en la pandemia, aun de forma virtual, trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde. Desde mi partido creamos el correo social, había reuniones donde atendíamos hasta a 400 personas de gremios, empresarios, trabajadores, artesanos, campesinos, todos los sectores que nos pedían trasladar sus inquietudes al presidente”, dijo.

Por su lado, el senador Jorge Eduardo Londoño, del Partido Alianza Verde, contó que también estuvo en su lugar de residencia en Tunja durante el confinamiento decretado por el Gobierno Nacional, pero que nunca dejó de trabajar: “Por cuestiones de bioseguridad yo hice la mayoría de sesiones virtuales, pero una vez que estuve vacunado empecé a asistir presencialmente a todas las sesiones del Congreso. Recuerdo, incluso, que el Día del Padre fui el único senador, con el presidente del Senado de la época, que asistimos al recinto”, relató y precisó que los gastos de representación los usa para desplazarse entre el Congreso y las distintas regiones, así como para costear vivienda, alimentación y otros aspectos, en vista de que no vive en Bogotá.

Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático, manifestó que la decisión de los jueces se debe acatar, pero llamó la atención sobre la necesidad de que esta medida se analice en otros altos cargos públicos que tuvieron que trabajar desde la virtualidad en la pandemia. En su caso particular, aseguró, fue una de las personas que acudió al Congreso porque vive en Bogotá: “Entiendo a quienes no podían ir al Congreso por las dificultades de la pandemia”.

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¿Qué sigue?

Manco explicó que después de que el magistrado decida si decreta o no la medida cautelar, también citará a una audiencia de pacto de cumplimiento, en la que deben estar el accionante y los accionados para llegar a un acuerdo. En caso de que los congresistas no acepten las solicitudes de la acción, el proceso sigue en el Tribunal hasta que haya una sentencia. El fallo podrá ser apelado por las partes, con lo que pasaría a segunda instancia ante el Consejo de Estado.

El abogado afirmó que la mayoría de los congresistas han respondido la acción ante el Tribunal, algunos con el argumento de que los derechos laborales son irrenunciables y protegidos por la Constitución. “Cuando se les toca el sueldo, responden con celeridad, pero no para otros asuntos de trascendencia nacional, que muchas veces no se desarrollan por situaciones como falta de cuórum”, apuntó.

Finalmente, los congresistas consultados manifestaron que los casos deben ser estudiados de manera puntual, pues no todos sesionaron de la misma forma en pandemia, si bien, hubo un periodo de aislamiento obligatorio para todos en 2020.

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