La Caja de Compensación intervenida y sin un vencedor. Así terminó la puja que durante más de dos años libraron al interior de Comfanorte las mayorías del Consejo Directivo y la directora administrativa de la entidad, Claudia Cecilia Uribe Rangel.

Aunque fueron dos los intentos hechos por el bloque mayoritario de consejeros para remover de su cargo a Uribe (2018 y 2020), y poner fin a 20 años de dominio en la Caja, la férrea defensa ejercida por ella y sus aliados en los estrados judiciales le permitió mantenerse firme durante todo este tiempo.

No obstante, la tensión que esta lucha interna desató y la lluvia de quejas ante la Superintendencia del Subsidio Familiar terminaron por desencadenar un vacío en la gestión y la gobernabilidad, en detrimento de los intereses de los afiliados, razón por la cual fue necesario ordenar la intervención administrativa total de la Caja hasta por un término de seis meses.

Lo particular es que ni la directora ni los seis consejeros que buscaban su salida y a quienes señalaban de tener un interés político promovido por el grupo político de los hermanos Cristo (Juan Fernando y Andrés), lograron su cometido, toda vez que ambos bloques fueron separados de sus cargos por decisión de la Super.

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“El Consejo Directivo y la directora administrativa, durante las últimas vigencias, se han alejado del cumplimiento de sus deberes legales y estatutarios omitiendo la toma y ejecución de decisiones que han impedido la realización del objetivo del sistema, debido a que han resultado frustrados los intentos de sesionar válidamente en estos periodos o las decisiones que se han tomado carecen de los requisitos legales para ser vinculantes”, concluyó el superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez, y así lo dejó consignado en la Resolución 0052 del 8 de febrero de 2021, que ordena la intervención.

Como agente especial de intervención fue designado Raúl Fernando Núñez Marín, y en reemplazo de Claudia Cecilia Uribe estará el abogado Bernardo Alonso Wilches.

El detonante 

De acuerdo con el informe elaborado por la Supersubsidio, el rifirrafe que durante los últimos años existió entre el Consejo Directivo y la Dirección Administrativa de Comfanorte, así como los conflictos que se desataron entre ambas partes, impidieron que se pudieran conocer las decisiones que dichos órganos adoptaban para la adecuada gestión de la corporación.

La tensión llegó a tal punto que en 2019 no fue aprobado el presupuesto de la Caja para la vigencia 2020, toda vez que no fue posible obtener el visto bueno que se requería por parte de las mayorías del Consejo.

Al respecto, la Superintendencia señaló lo siguiente: “es claro que una organización que no dispone de herramientas presupuestales, para el caso, el presupuesto anual de ingresos y egresos, adolece de objetivos claros para alcanzar metas de gestión, optimización y racionalización de los recursos disponibles y de los planes de operación que debe desplegar para gestionarlos, situación que pone en riesgo la dinámica de la operación, dejando al azar la gestión financiera, lo que finalmente se traduce en ausencia de controles y falta de direccionamiento y liderazgo”.

En el informe de la entidad de inspección y vigilancia también se cuestionó que Comfanorte se limitó a dar continuidad a los proyectos y programas aprobados en las vigencias pasadas, y que no se proyectaron nuevas inversiones. Tampoco implementaron planes y programas que contribuyeran al fortalecimiento y ampliación del portafolio de servicios.

La Superintendencia reveló, igualmente, que en octubre de 2020 se llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la Caja de Compensación y allí pudieron evidenciar algunos hechos relevantes, como que, “las reuniones del Consejo Directivo de Comfanorte, celebradas a partir del 28 de enero de 2020, no fueron asentadas en los libros oficiales de la corporación, tal como lo acredita la certificación allegada en dicha diligencia de inspección”.

Así mismo, que se celebraron convocatorias para reuniones del Consejo Directivo sin las formalidades y requisitos establecidos en la Ley y en los estatutos, y que se desatendieron las que fueron hechas por parte de algunos consejeros directivos o por la directora administrativa.

En consecuencia, la Super consideró que era más que evidente la gravedad de los hechos y la urgencia de adoptar cuanto antes una medida cautelar, toda vez que las actuaciones que se encontraron tenían en un serio riesgo a la Caja, dada la falta de gobernabilidad, pues con ello se está afectando la prestación de los servicios del Sistema del Subsidio Familiar.

La Opinión se comunicó con Jonathan Díaz López, presidente del Consejo Directivo, para conocer su posición sobre la intervención y la remoción del cargo, pero manifestó que hasta tanto no hicieran el respectivo análisis de la Resolución expedida este lunes, no harían un pronunciamiento formal.

Sin embargo, varios consejeros que hablaron fuera de micrófonos por no estar autorizados para hacer pronunciamientos, aseguraron que la Superintendencia nunca se pronunció a favor ni de unos ni de otros y eso, de una u otra forma, empezó a agudizar el conflicto interno en la entidad. 

“Eso que hoy estamos viendo es propiciado por el mismo ente que hoy interviene, por los vacíos que dejaban al no responder las quejas que se interponían”, aseguró uno de los integrantes del cuadro directivo.

Entre tanto, no fue posible conocer la reacción de la saliente directora de la Caja, Claudia Uribe, sobre su separación del cargo, como parte de la medida cautelar,  puesto que no respondió las llamadas hechas por este diario.

¿Un tercero fue el favorecido?

Varias personas de adentro y fuera de Comfanorte que conocen la movida que se ha dado en torno a la intervención de la Caja, coincidieron en asegurar que mientras los miembros del Consejo Directivo y Claudia Uribe se batían en un ring por el dominio de la entidad, un tercero ganaba terreno ante la Superintendencia, de manera silenciosa, pero segura.

En ese sentido, todos los reflectores quedaron puestos sobre el senador conservador Juan Carlos García Gómez y el grupo político de su padre Albino García, pues se conoció que el director administrativo encargado por la Supersubsidio, Bernardo Alonso Wilches, ha sido asesor externo durante muchos años de la otra Caja de Compensación Familiar del departamento, Comfaoriente. 

En efecto, al revisar algunos documentos que reposan en internet, se puede leer que el abogado que estará en adelante al frente de la intervenida Caja de Compensación, ha ejercido como apoderado y defensor de Comfaoriente en diferentes procesos, muchos de ellos recientes.

En la Resolución expedida ayer por la Supersubsidio se advierte que tras analizar la hoja de vida de Wilches y una vez verificados los requisitos para su designación, “se emitió concepto favorable respecto a su idoneidad, experiencia e inexistencia de causales de inhabilidad e incompatibilidad, para el ejercicio del cargo”.

Consultado sobre este señalamiento, el senador García Gómez descartó que haya algún interés de su movimiento político en tomar el control de Comfanorte y que tenga alguna injerencia en el proceso de intervención del que fue objeto esa entidad.

Dijo que así como Wilches ha asesorado a Comfaoriente, lo ha hecho con la misma  Comfanorte y con al menos 10 cajas de compensación más, pues su experiencia en el sector es muy amplia y reconocida. 

En esto coincidieron varias personas más que conversaron con La Opinión, quienes señalaron que Bernardo Alonso Wilches también ha sido asesor externo de la Supersubsidio, aunque esto no se pudo corroborar pues no se encontraron documentos abiertos al público que así lo confirmaran. En lo que sí insistieron, es en que la cercanía del nuevo director y Comfaoriente es más que evidente.

Bernardo Alonso Wilches es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho, con más de 20 años de experiencia en el derecho laboral.