En plena Semana Santa, las operaciones sostenidas entre las tropas del Ejército colombiano y los miembros de los grupos armados han ocasionado nuevos desplazamientos forzados de campesinos desde las zonas rurales del Catatumbo hacia el casco urbano de Ocaña.
Las autoridades reportaron estos nuevos movimientos y detallaron que a la plaza de ferias del municipio llegaron 97 familias, integradas por 100 mujeres, 53 hombres y 96 menores de edad, es decir, casi 250 personas procedentes del corregimiento de Mariquita.
El secretario de Desarrollo Social, con funciones de alcalde encargado, Hugo Eduardo Guerrero, explicó que los desplazados están recibiendo la atención humanitaria.
Representantes de organismos defensores de Derechos Humanos exigen a los grupos armados excluir a la población civil del conflicto.
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El coordinador de la Corporación de la red de derechos humanos, capítulo Ocaña y zona del Catatumbo, Nelson Enrique Arévalo, hizo un llamado a los bandos enfrentados a respetar el principio de distinción como lo exigen los protocolos internacionales. “Tanto la fuerza pública como los grupos insurgentes deben respetar a la población civil, indefensa y ajena a ese conflicto”, agrega el líder.
Atención primaria
Desde el primer instante cuando se conoció la llegada de estas familias provenientes además de las veredas Santa Clara, El Pino y La Pacha, la administración municipal activó los protocolos de atención humanitaria para brindar garantías, protección y acompañamiento a las personas afectadas por los recientes enfrentamientos.
Las víctimas han sido conducidas al alojamiento temporal de la plaza de ferias para la respectiva caracterización, toma de declaraciones y brindar las ayudas prioritarias como lo contempla la Ley 1448 de 2011, afirma el secretario de Gobierno, Freddy Arengas Romero.
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En el sitio hacen presencia los organismos de socorro, quienes trabajan de manera articulada para garantizar el bienestar de las más de 300 personas registradas ante la Unidad Nacional de Víctimas.
Un alto al fuego
El personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, acompañó una comisión diocesana para evaluar en terreno la magnitud de las operaciones adelantadas por el Ejército colombiano, por lo que hizo un llamado a respetar la gente trabajadora del sector agropecuario y recomendó actuar con mucha precaución para no agudizar la crisis humanitaria.
“La situación es bastante compleja, estuvimos en el corregimiento de Capitán Largo-Ábrego y evidenciamos la fuerte tensión existente en la zona, debido a los enfrentamientos con los actores armados que hacen presencia en el lugar. La situación de riesgo está latente en toda la provincia de Ocaña”, enfatizó el representante del ministerio público.
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Sostuvo que no están en contra de las operaciones militares, pero refiere que el bombardeo ocasiona pavor entre la población civil. “Entendemos la dinámica de un conflicto armado y rechazamos cualquier tipo de infracción al derecho internacional humanitario por parte de los uniformados que ingresan sin una orden judicial a las viviendas, factor sumamente grave y esos hechos serán expuestas a las autoridades competentes”, reitera Bohórquez.
Escenarios de guerra
El Ministerio Público hace seguimiento a cada una de las actuaciones y exige suspender las operaciones para evitar el desplazamiento masivo de personas.
Insiste en la exclusión de los civiles de los escenarios de riesgo y atropellos atendiendo a los cánones internacionales de derechos humanos. Las operaciones militares son válidas para brindar seguridad a los habitantes, pero con el debido respeto a los campesinos que nada tienen que ver con la confrontación armada.
“Uno de los artefactos de la artillería del Ejército cayó a cien metros de la recolección de un cultivo de mora. Entendemos que son operaciones teledirigidas por un satélite, mediante coordenadas, pero puede generarse un error de cálculo y caer encima de una casa donde hay niños, mujeres, ancianos e incluso personas con discapacidad”, precisó el personero.
El temor se intensifica en instantes cuando escuchan el sonido de un avión de combate y las fuertes detonaciones carca a las parcelas.
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“Los niños y padres de familia corrían de un lado para otro, asustados y con lágrimas en sus rostros buscando un refugio ante el ensordecedor ruido. Incluso una señora en estado de embarazo sufrió una crisis nerviosa y fue evacuada hacia el hospital. Así que exigimos el trato digno a los campesinos de los diferentes veredas y corregimientos”, puntualizó.
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