Habitantes del corregimiento de Otaré, en el municipio de Ocaña, han hecho un llamado a los actores del conflicto para que cesen su accionar, luego de los hostigamientos contra la subestación de Policía nacional, el pasado lunes, que generaron zozobra entre la población por la cercanía al colegio Edmundo Velásquez cuyos estudiantes quedaron expuestos al peligro.
Durante el ataque los niños se encontraban en el recreo en el parque principal del centro poblado y vivieron momentos dramáticos al escuchar las ráfagas de fusil a las 11 de la mañana, denunció la directiva del plantel educativo.
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La alternativa es la reubicación del colegio, pero desde hace 15 se tramita la consecución de un lote y nunca se ha concretado el proyecto, afirmó el presidente de la Junta de Acción Comunal, Gustavo Lanzziano Molina.
Voces de rechazo
El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, rechazó ese tipo de actos donde se pone en peligro la vida de los estudiantes de la institución educativa.
“Inmediatamente se activaron las alarmas para proteger los derechos fundamentales de los habitantes, especialmente a los niños y adolescentes. Hacemos el llamado a los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario y solicitado reforzar la seguridad para brindar garantías plenas a todos los habitantes”, recalcó.
Lo grave del caso es la ubicación del plantel al frente de la subestación de Policía y se debe buscar el inmediato traslado para evitar actos que lamentar.
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, se encuentra en la capital de la República para exponer la situación a la directora nacional de víctimas y a los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que tomen cartas en el asunto.
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El líder comunal, Ángel Eduardo Chinchilla Durán, lamentó el ataque armado e hizo un llamado para que se adopten medidas especiales para proteger a la población.
Lo más urgente es la reubicación del colegio, pues se encuentra al frente de la subestación de Policía y el riesgo es inminente, ya que los hostigamientos se hacen en horario escolar.
“Que no pase a mayores y se logre solventar esta situación. En el 2016 se registró un ataque donde murió un uniformado y desde entonces se ordena la reubicación del colegio, pero existen problemas de titulación del predio. La idea es viabilizar la compra del lote para proteger la vida de los niños y moradores”, agregó.
Enérgico pronunciamiento
A través de un comunicado, los habitantes del pueblo pidieron a los actores armados para que cesen este tipo de episodios que alteran el orden público y ponen en riesgo la integridad de la población civil.
César Villamizar, rector de la institución educativa, expresó con gran preocupación los acontecimientos que se vivieron el pasado lunes.
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Llamó al Gobierno nacional, al ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, gobernación de Norte de Santander, alcaldía, personería de Ocaña, presidentes de Juntas de Acción Comunal, padres de familia y organismos defensores de derechos humanos para que se busquen de manera urgente los mecanismos necesarios que garanticen la prestación del servicio educativo de manera segura sin poner en riesgo la vida de los integrantes de la comunidad educativa.
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