A lo anterior se suman los fenómenos naturales y los altos costos de los insumos. “Estamos desamparados, pues los fertilizantes antes costaban 75 mil, ahora estamos pagando hasta 150 mil pesos. Las deudas crecen en las entidades crediticias. No entiendo por qué el gobierno nacional no fortalece el sector agropecuario si nosotros somos los que llevamos los productos hacia la ciudad”, recalcó.
Asegura que los campesinos de la región se han mantenido en la legalidad y si por las circunstancias se pasan a los cultivos ilícitos ahí la presidencia invierte recursos en militares y la fumigación que es nefasta porque acaba con todos los seres vivos.
Explican que en el ciclo de cosecha se invierten unos 150 mil pesos y no están dispuestos a vender a pérdida. “Nosotros asistimos a las marchas de manera pacífica y los mandatarios no escuchan nuestro clamor. Entonces, ¿qué están esperando que tomemos medidas de hecho bloqueando las vías para hacernos sentir?, se pregunta el líder comunal.
El director ejecutivo de la Asociación de municipios de la Provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo, Edgar Andrés Pallares Díaz, insta a los funcionarios de los ministerios de Agricultura y Comercio adoptar estrategias encaminadas a frenar el ingreso del producto desde el vecino país de Perú.
“Hace más de una década se viene trabajando para defender ese renglón de la economía campesina que genera ingresos a unas 7 mil familias de la región. Se deben revisar los acuerdos de intercambio suscritos entre ambos países, especialmente en época de cosecha para regular los precios en el mercado”, agregó.
Se organiza un encuentro para analizar las variables, fortalecer las alianzas de comercialización, el nuevo modelo de semilla y la denominación de origen encaminada a salvaguardar el producto de la competencia, reiteró Pallares Díaz.