En medio de los llamados a la convivencia pacífica, la violencia persiste en la región del Catatumbo. Ante el recrudecimiento del conflicto armado, numerosos campesinos optan por abandonar sus parcelas y buscar refugio en otras zonas del país.
El personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, aseguró que el desplazamiento forzado se ha vuelto recurrente.
“Se ha convertido en el pan de cada día. Recibimos, a cuenta gotas, las declaraciones de personas que huyen del conflicto armado latente en la región”, afirmó.
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Frente a la magnitud de la problemática, el funcionario calificó como insuficientes los intentos por retomar el control, especialmente en las zonas rurales de El Tarra y Tibú, donde se concentran los grupos armados.
Drones siguen siendo una amenaza
Advirtió, además, sobre el uso indiscriminado de drones, que está afectando a la población civil.
“El uso de aparatos tecnológicos en el Catatumbo ha sido complejo. No vemos una postura clara del Gobierno nacional y, por ende, el llamado que hacemos a las disidencias de las Farc y al Eln es a dejar por fuera a la población civil y respetar el derecho internacional humanitario”, precisó.
Desde la Asociación de Personeros se considera que la situación es crítica y que la única salida es avanzar en acercamientos a través del diálogo para reducir la confrontación.
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Bohórquez indicó que las cifras superan las 20.000 personas desplazadas entre 2025 y lo corrido de 2026. “La situación no es tranquila y los habitantes viven en constante riesgo”, agregó.
Piden cese al fuego
El secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, informó que ocho familias procedentes de Filo Gringo llegaron a Ocaña y reciben atención primaria.
La Iglesia católica también hizo un llamado a una tregua y a la búsqueda de caminos de reconciliación.
La presencia de hombres armados en la zona mantiene en alerta a las autoridades, mientras la fuerza pública adelanta operativos para contener la confrontación y recuperar el control.
El temor es generalizado ante los enfrentamientos entre una célula del Eln y disidencias de las Farc.
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Autoridades y defensores de derechos humanos permanecen en máxima alerta para evitar la repetición de hechos como los del año pasado, que dejaron desplazados, confinamientos, homicidios y desapariciones.
Conflicto armado latente
Los combates han provocado el desplazamiento de familias enteras, que buscan protección, garantías de seguridad y ayuda humanitaria.
La administración municipal, en articulación con el Ministerio Público, brinda acompañamiento institucional para la caracterización de las víctimas y la identificación de sus necesidades más urgentes, como atención en salud, alojamiento, alimentación y apoyo psicosocial.
En los últimos días, alrededor de ocho familias han acudido al Ministerio Público, la Personería y la Defensoría del Pueblo, procedentes de Filo Gringo.
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“Se verifica la información al momento de declarar los hechos victimizantes. Algunas familias han regresado, y se mantiene una dinámica propia de Ocaña como municipio receptor”, explicó Guerrero.
Fenómeno no se ha detenido
El funcionario señaló que semanalmente llegan entre 10 y 15 personas, lo que evidencia la persistencia del fenómeno en esta zona del país.
Las autoridades continúan con la toma de declaraciones para activar las rutas de atención, mientras el enlace municipal de Derechos Humanos coordina la entrega de ayudas, con apoyo de la cooperación internacional y la Unidad Nacional para las víctimas, para mitigar la situación humanitaria registrada en los últimos meses.
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