El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, decretó una emergencia nacional con el objetivo de proteger en territorio estadounidense los ingresos derivados de las ventas de petróleo de Venezuela, evitando que acreedores de la deuda externa venezolana puedan reclamar o embargar esos fondos.
La decisión quedó formalizada mediante una orden ejecutiva firmada el 9 de enero, que blinda los recursos del Gobierno venezolano depositados en cuentas del Departamento del Tesoro frente a embargos, ejecuciones judiciales o cualquier otro proceso legal. La medida se produjo horas después de una reunión en la Casa Blanca entre Trump y directivos de grandes compañías petroleras internacionales, entre ellas Repsol.
Según el texto, cualquier intento de embargo sobre esos fondos constituiría una amenaza “inusual y extraordinaria” para los intereses estratégicos de Estados Unidos. La Casa Blanca sostuvo que permitir acciones legales interferiría gravemente en los esfuerzos de Washington por estabilizar económica y políticamente a Venezuela.
La Administración Trump vinculó esta estrategia a objetivos de seguridad nacional, como el control de la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la contención de actores que considera hostiles en el hemisferio occidental, entre ellos Irán y Hezbolá.
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El decreto define los llamados “Foreign Government Deposit Funds”, que incluyen ingresos provenientes de la venta de recursos naturales venezolanos canalizados a través de cuentas oficiales del Tesoro estadounidense y vinculadas al Estado venezolano, su banco central o su petrolera estatal. A partir de ahora, cualquier embargo o gravamen sobre estos recursos queda expresamente prohibido, incluso si existe una sentencia previa o un contrato firmado con anterioridad.
La medida adquiere relevancia en medio de múltiples litigios internacionales contra Venezuela. De acuerdo con el International Law Compliance Institute (ILCI), el país acumula 22 laudos impagados ante el Banco Mundial por cerca de 17.300 millones de dólares, la mayoría derivados de expropiaciones realizadas durante el mandato de Hugo Chávez. Desde el año 2000, se han registrado cerca de 60 arbitrajes internacionales por un valor estimado de 30.000 millones de dólares.
La Casa Blanca subrayó que los fondos protegidos no tienen carácter comercial en Estados Unidos y que Washington actúa únicamente como custodio, sin que ello implique una renuncia a la inmunidad soberana de Venezuela. El Tesoro y el Departamento de Justicia quedaron facultados para defender esta protección en cualquier proceso judicial.
Con esta orden ejecutiva, la Administración Trump refuerza su control sobre un instrumento financiero clave en su política hacia Venezuela, al tiempo que busca ofrecer seguridad jurídica a las empresas energéticas interesadas en invertir en el país, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre regulatoria y los antecedentes de expropiaciones.
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