Antes de que el Gobierno colombiano anunciara su decisión de suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos, un gran aliado de ese país ya lo había hecho: Reino Unido.
La medida, según la cadena CNN, se tomó ante el despliegue militar que Estados Unidos adelanta en el Caribe –y hace un par de semanas en el Pacífico–, para evitar la llegada de droga a su territorio.
En concreto, el Reino Unido decidió no compartir información de inteligencia sobre embarcaciones sospechosas de ser usadas para el narcotráfico en el Caribe, “ya que no desea ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y considera que estos son ilegales”.
Y es que el Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe: Anguila, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Montserrat, donde tienen bases de inteligencia, “ha ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera pudiera interceptarlas”, indicaron las fuentes a CNN.
La información se enviaba al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, un grupo de trabajo con base en Florida que trabaja para reducir el narcotráfico en la región que está conformado por países aliados.
Pero, después de que Estados Unidos comenzara a lanzar “ataques cinéticos letales” contra presuntas narcolanchas, “el Reino Unido empezó a preocuparse de que Estados Unidos pudiera utilizar la información proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos”, ya que algunos funcionarios del Reino Unido consideran que los ataques violan el Derecho Internacional Humanitario.
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CNN pudo establecer que la suspensión del suministro de información de inteligencia comenzó hace más de un mes.
Y es que el saldo de la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico asciende a 76 fallecidos en ataques a 20 embarcaciones –19 lanchas y un semisumergible– interceptadas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre.
El Pentágono no ha publicado evidencia que confirme que las embarcaciones destruidas pertenecían a redes criminales ni que representan una amenaza directa para Estados Unidos, por lo que su accionar ha empezado a ser calificado por Human Rights Watch y organismos como la ONU de “ejecuciones extrajudiciales”.
“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”, declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk el pasado 31 de octubre.
Canadá, otro aliado clave de Estados Unidos en la interceptación de presuntos narcotraficantes en el Caribe, también se desvinculó de los ataques militares estadounidenses contra presuntas narcolanchas.
“Canadá tiene la intención de continuar su colaboración con la Guardia Costera, denominada operación Caribe. Sin embargo, el país ha dejado claro a Estados Unidos que no desea que su inteligencia se utilice para seleccionar embarcaciones para ataques letales”, señala la cadena.
La información que recopila CNN señala que al interior de la defensa estadounidense también han mostrado su inconformismo con la operación desplegada. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, ofreció su renuncia durante una tensa reunión en octubre con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, tras cuestionar la legalidad de los ataques. Holsey dejará el cargo en diciembre.
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