Doce años después de los sonados casos de ejecuciones extrajudiciales que estremecieron a la provincia de Ocaña y rodaron cabezas de altos mandos militares, fue capturado un soldado profesional, implicado en los falsos positivos en Hacarí.
El uniformado Yefri Danilo Coronel fue capturado durante un puesto de control de la Policía en la carretera que conduce Ocaña, un año después de que el Juzgado Tercero Penal del circuito especializado de Bucaramanga expidiera sentencia condenatoria por homicidio en persona protegida y secuestro, explica al abogado Leonardo Jaime Marín.
El militar fue encontrado culpable de la ejecución extrajudicial de Rafael Andrés Plata Sánchez, Mauricio Nova y una persona sin identificar en la vereda Islitas de Hacarí, ocurrida el 25 de agosto de 2008.
En el proceso penal logró probarse que las víctimas, personas muy jóvenes y humildes, fueron reclutadas en un parque de Bucaramanga por Alexander Carretero, condenado por ser el reclutador de los jóvenes de Soacha, y trasladados por él mismo hasta Norte de Santander donde fueron asesinados y desaparecidos.
Este jueves, se llevó a cabo la audiencia para verificar la legalidad de la captura efectuada el día anterior aproximadamente a la una de la tarde.
“En la diligencia causó curiosidad que Yefri Danilo Coronel, de 46 años, se presentó como soldado profesional, con ocupación estafeta, en servicio activo, aun cuando sobre él existía hace más de dos años una orden de captura por la comisión de delitos internacionales”, reitera el profesional del derecho.
La defensa solicitó la detención en un centro penitenciario establecido para funcionarios de la fuerza pública; petición que fue debatida por los abogados representantes de víctimas.
“No quiero reparación, sino que paguen los que ordenaron la ejecución extrajudicial de mi hijo”, exclamó Cielo Patricia Sánchez, madre de Rafael Andrés Plata.
Esta detención coincide con la publicación del auto de priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que luego de dos años de investigación concluye que en Colombia son 6.402 el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, muchos más de las que se tenía registro, indica el integrante del equipo jurídico Pueblos.