Doce años después de denunciar el abuso sexual que sufrió a manos de su superior, un exsoldado de Manizales por fin obtuvo justicia. El reciente fallo de un juez de Cúcuta no solo reconoce su dolor, sino que también le da un respiro a una lucha marcada por el silencio, el miedo y la espera.

Los hechos se remontan a 2013, en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento del Ejército, en Salazar de las Palmas (Norte de Santander), cuando el militar, de 18 años, cumplía su servicio y llevaba poco tiempo de haber llegado, tras su traslado desde Pamplona.

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Según el expediente, el joven se encontraba en proceso de instrucción y el agresor era un subteniente. La primera vez lo obligó a practicarle sexo oral y, en la segunda ocasión, lo accedió carnalmente.

El documento indica que el subteniente ubicaba a sus subordinados como centinelas en distintos puntos; sin embargo, al manizaleño lo situaba en un lugar de difícil acceso o sin fusil, para poder abusar de él.

El abogado resaltó que, al día siguiente del último hecho, el soldado llamó a su madre y le dijo que “estaba muy aburrido”. “Entre lágrimas, le contó que había sido víctima de dos agresiones sexuales. Por esta razón, su mamá le pidió que informara a un superior”, explicó. El joven siguió esa recomendación.

Final para el abusador

Carlos García indicó que el teniente al mando de la unidad confrontó al presunto agresor. En principio, el subteniente negó los hechos; sin embargo, entre titubeos, fue aceptando los señalamientos.

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De acuerdo con el abogado, al concluir ese encuentro le pidieron presentarse ante el comandante del batallón para ser notificado. En ese momento, el oficial se alejó unos cinco pasos, “sacó su arma de dotación y, delante de ellos, se quitó la vida”.

En ese entonces, La Opinión y otros medios informaron sobre el hallazgo del subteniente de Infantería Miguel Ángel Castillo, de 23 años, gravemente herido por un disparo en la cabeza. Los detalles eran confusos y ni siquiera las autoridades pudieron explicar con claridad lo sucedido.

“Incluso, no murió instantáneamente. Lo trasladaron en helicóptero hasta Cúcuta y falleció al mediodía de ese mismo día. Probablemente entró en shock al verse descubierto”, añadió García.

Esta muerte dio inicio a las investigaciones de una situación que dejó graves secuelas, a quien obligaron a continuar prestando su servicio. Esto lo llevó no solo a luchar por justicia, sino también por su desvinculación, pues temía por su vida y expresó en varias ocasiones su intención de suicidarse.

Mediante una acción de tutela, la defensa logró su retiro de la institución y la entrega de su libreta militar.

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“Este proceso es muy relevante desde el punto de vista jurídico, porque logramos demostrar que, en principio, el Ejército se enfocó únicamente en investigar la muerte de su oficial y dejó de lado las consecuencias de su conducta. El soldado tuvo que enfrentarse a la institucionalidad”, explicó el abogado.

La reparación

Los argumentos de la defensa, sustentados en informes administrativos, valoraciones de Medicina Legal -incluidas evaluaciones de clínica forense, psicología y psiquiatría- y estudios de pérdida de capacidad laboral por estrés postraumático, ansiedad y alteraciones de la realidad que aún padece el exsoldado, permitieron el fallo a su favor. En el uniforme del afectado se hallaron restos biológicos del agresor.

El abogado señaló que la sentencia del Juzgado Administrativo ordenó una indemnización millonaria para la víctima y su familia, lo que representó “un alivio”. La reparación incluyó perjuicios morales, daño a la salud y lucro cesante.

Además, se establecieron medidas no pecuniarias de reparación integral, como garantías de no repetición y la adopción de protocolos para atender a víctimas y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

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