Fernando Santiago iba de un lugar a otro dentro del albergue de la universidad Francisco de Paula Santander. La angustia —dice— empieza a invadirlo.

A este lugar llegó con su esposa y dos hijos el 24 de agosto luego de ser deportados de La Invasión, en San Antonio.

Se sienta junto a su esposa en un muro de la entrada al albergue y dice: queremos irnos a Ocaña, porque de allá salimos hace siete años, cuando nos fuimos a Venezuela, pero siente uno impotencia, porque si bien nos prometieron un subsidio de tres meses de arriendo, no se ha hecho efectivo.

“Lo que nadie ha querido entender es que de allá salimos deportados únicamente con lo que teníamos puesto, no tenemos estufa ni camas, ni mucho menos ropa”, se lamenta.

En ese mismo albergue permanece Delio Cuenca, de 87 años, que también asegura que quiere irse a su natal Popayán, solo que no tiene más que una cartera vieja y la ropa que lleva puesta.

En el Colegio Municipal, donde permanecen unas 200 personas, la angustia no es tanto por el subsidio, sino porque sus enseres se quedaron en La Invasión y no los han podido pasar a Colombia para partir a sus pueblos de origen.

“Por mí, me iría ya, pero siento mucho guayabo porque todos mis corotos, los que compré con tanto sacrificio, se quedaron en Venezuela y aún no nos han dicho si los podemos recuperar”, dijo Ana María Agudelo, de 35 años, de Bucaramanga.

Juan Carlos Gómez y su esposa Gloria Caicedo, quienes están en el albergue del Centro de Migraciones, cuentan los minutos para que el drama llegue a su final. “Tenemos legalizado el subsidio y queremos irnos ya, pero nos preocupa no tanto no tener techo, sino estar sin empleo, eso nos tiene pensando largo”, dicen.

Las cosas no son distintas para las familias que se encuentran en el albergue del Inem. Gloria Luna, de 42 años, madre de tres hijos, dice que su reto en estos momentos es recuperar la nevera, la estufa, las dos camas, una cómoda y la ropa de su familia.

Ella dice que se quedará a vivir en Cúcuta, porque a estas alturas no quiere causar molestias a su familia de Barranquilla.

“Solo me preocupa llegar a donde voy a vivir de arriendo sin nada. ¿Cómo voy a prepararles alimento a mis hijos o dónde los voy a acostar”, se pregunta.

El panorama de angustia e incertidumbre que viven las familias de este albergue era el mismo para las que se encuentran en Villa del Rosario.

“Aquí, lo único que nos tiene retenidos es la incertidumbre de no saber si nos van a dejar pasar nuestros corotos (enseres) hacia Villa del Rosario”, dijo Clemencia Duarte, de 34 años, madre de dos hijos.

El director nacional de la Unidad para el Riesgo, Carlos Iván Márquez, explicó que los subsidios de arriendo se están legalizando por tres meses y se pueden hacer efectivos en cualquier municipio del país.

A la fecha se habían tramitado cerca de mil subsidios y hasta ayer 385 personas habían partido a Bucaramanga, Ocaña, Bogotá, Cali, Aguachica, Piedecuesta, Medellín y Pamplona, dijo Márquez.

El funcionario les dijo a las familias deportadas que hay 75 camiones disponibles para ir en busca de sus enseres a Venezuela, “solo que las autoridades allá, no lo han permitido”.

Márquez precisó que hasta este miércoles se había formalizado empleo para 163 personas y que se tenía caracterizada una población de mil 500 personas para una solución.

El director de la Unidad de Gestión para el Riesgo dijo que las personas pueden acceder a todos los puestos de atención en los albergues para despejar sus inquietudes con las ayudas.