Alternativas definitivas para los pimpineros y ‘mano dura’ con los grandes contrabandistas, fueron los anuncios del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego de la reunión que se efectuó ayer con las asociaciones de pimpineros de Norte de Santander.

De acuerdo con Cristo, la decisión, tanto de las autoridades como de los vendedores de combustible, es que se debe acabar definitivamente con el negocio y encontrar modos de vida distintos que no estén atados a la situación económica y política de Venezuela.

En virtud de ello, comentó que los viceministerios de Minas, Hacienda, Interior, Trabajo y Comercio se reunirán con 10 voceros de las organizaciones  de pimpineros, con el fin de definir cómo se hará la reconversión laboral.

Igualmente manifestó que la primera acción se dará este sábado con el censo y caracterización de los pimpineros, tareas que adelantarán el ministerio del Trabajo y el Sena.

“Quiero destacar algo que no había visto en ocasiones anteriores y es un convencimiento total, y un compromiso de ellos de que este negocio no tiene futuro”, manifestó.

De otro lado, afirmó que las decisiones tomadas nada tienen que ver con la propuesta del presidente Nicolás Maduro de acabar con los pimpineros.

También reiteró que el decreto de emergencia económica es una expresión política clara del compromiso presidencial con las fronteras.

Anunció además que para las grandes mafias que controlan el negocio habrá persecución y que con la ley anticontrabando hay “una instrucción clara de no bajar la guardia y tener una lucha frontal”.

Mientras tanto

José Abel Correa, presidente de Sintragasolina afirmó que se le ha dicho al Gobierno Nacional que es urgente conseguir recursos para subsidiar a las 6 mil familias, que vivían de las pimpinas y hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares.

Agregó que el gobierno está más apresurado que ellos  mismos en la búsqueda de soluciones y se espera que en 15 días haya avances en las mesas de concertación.

Correa admitió que hoy en día el negocio no es rentable y que los vendedores informales se han sentido ‘ahogados’ tanto con el cierre de frontera, como con la entrada en vigencia de la ley anticontrabando.

“Antes un pimpinero ganaba 100 mil pesos y hoy gana $15 mil para sobrevivir”, aseveró. Esperamos que con un buen enfoque y emprendimiento esto tiene que dar un mejor resultado”.

Ahora, la expectativa de los pimpineros es que haya soluciones rápidas, pues se han escuchado comentarios en relación con que si no hay alternativas en poco tiempo, se bloquerán las entradas de las gandolas que traen gasolina por El Zulia y Puerto Santander.

“Si no hay para unos, no hay para nadie”, indicó una pimpinera.

Desmontan los cambuches

La desbordada invasión del espacio público que se mantenían hasta hace 22 días por cuenta de las ventas de gasolina en pimpinas empezó a ser erradicada por la alcaldía, en un definitivo intento por devolverles estos espacios a los ciudadanos.

La iniciativa hace parte las medidas que empezó a implementar la Secretaría de Gobierno en atención del cumplimiento de las leyes del espacio público y de servicios públicos, esta última en lo que tiene que ver con el almacenamiento y distribución de combustibles.

Tras el cierre de la frontera hace 22 días las ventas de gasolina perdieron vigencia debido a los controles que establecieron las autoridades de Venezuela para impedir la salida de combustibles hacia Cúcuta.

Esta coyuntura, según la secretaria de Gobierno, Adelaida Ontiveros, la aprovechará la alcaldía para despejar el espacio público de todos los cambuches y casetas que levantaron los pimpineros en parques, andenes, lotes, desocupados, calzadas, separadores y zonas verdes para la venta de gasolina.

En el decreto 0880 que expidió esta semana la alcaldía, se contemplan acciones que serán de inmediato cumplimiento por parte de los responsables de la invasión del espacio público, entre otras las de proceder de manera voluntaria con el retiro de las casetas y los cambuches.

“Los que se muestren renuentes a no cumplir, la alcaldía procederá por su cuenta con el decomiso e incineración de los puestos”, dijo Ontiveros.

La funcionaria dijo que estas diligencias serán apoyadas por la Policía y ya se iniciaron en sectores como Cenabastos, avenidas Demetrio Mendoza, La Panamericana, Las Américas, Atalaya, entre otras.

Advirtió que el almacenamiento, transporte, refinación y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo son considerados servicios públicos que se prestan conforme a la Ley, “y en tal sentido es deber nuestro asegurar su prestación eficiente, acción que implica por parte de la alcaldía alejar el riesgo que ocasiona la presencia de cantidades de combustible inflamable en el espacio público”, precisó la funcionaria.