La Procuraduría General de la Nación ha estado presente en la entrega de ayudas por parte de la Diócesis de Cúcuta, a los deportados y demás colombianos que regresaron de Venezuela tras el cierre de la frontera, a petición de la institución como una manera de brindar transparencia a las donaciones.

Así lo indicó Ilva Hoyos, procuradora delegada para atender la crisis humanitaria, quien expresó que por orden del máximo jefe del organismo al que pertenece, Alejandro Ordóñez, trabajan con los entes de control para encontrar la mayor información posible que conlleve a la reunificación de las familias dividas luego de las repatriaciones.

Destacó que tiene conocimiento de 221 casos, en 30 de ellos lograron la unión nuevamente de los núcleos familiares. “Esperamos que con la acción concertada de la Iglesia, el Gobierno Nacional, los organismo de control, Cooperación Internacional y la ONU, podamos cumplir con este proceso tan necesario. Muchas familias así lo quieren”.

Hoyos subrayó la atención, de parte de los distintos organismos gubernamentales, a los niños que están en los albergues habilitados en Cúcuta y Villa del Rosario. Sin embargo, afirmó que hacen falta ayudas para los adolescentes y jóvenes.

También mostró su preocupación por las mujeres y adultos mayores, pues ha visto problemas de salud en algunas de estas personas. “Es importante pensar no solo en la atención humanitaria, sino en el proyecto de vida de todos los deportados y desplazados del vecino país”, concluyó la procuradora delegada.

Vale recordar que recientemente Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, instó a los gobiernos de Venezuela y Colombia a garantizar que los deportados que se han separado de sus familias puedan reunificarse.

“Estoy perturbado por las recientes deportaciones colectivas desde Venezuela", expresó Zeid a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunidos en la ceremonia inaugural de su trigésima sesión.

El funcionario lamentó que los derechos fundamentales de muchos de los repatriados “hayan sido violados”, incluyendo el que no se haya llevado a cabo el debido proceso, la destrucción de la propiedad o la separación familiar.

Más de 1.400 colombianos han sido deportados y cerca de 19.000 han regresado voluntariamente por miedo a las detenciones.

Redacción Laopinion.com.co