La tensión que se vive en Cúcuta luego del cierre de frontera declarado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 19 de agosto alcanzó ayer su máximo nivel con el anuncio del mandatario venezolano de enviar 3 mil ho hombres a esta línea limítrofe.

El hecho se produce apenas 24 horas después de que ambos gobiernos llamaran a consultas a sus embajadores tras el cierre de una primera zona.

“Para limpiar de paramilitarismo, de criminalidad, de bachaquerismo (contrabando), de secuestros, de narcotráfico, he decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira”, dijo Maduro en un multitudinario acto público en Caracas, al aludir a varios municipios en el norte de los Andes.

Explicó que el cierre, que afecta a los municipios de Ayacucho, Lobatera, Panamericano y García de Hevia, entrará en vigor a partir de las cinco de la mañana de hoy.

Bajo las piedras

Agregó que hasta estos territorios llegarán 3 mil hombres para buscar paramilitares “hasta debajo de las piedras”.

Se trata del segundo sector fronterizo de este estado que decide cerrar, después de que la semana pasada anunciara el cierre de una primera zona compuesta por seis municipios, decretara el estado de excepción y deportara a más de 1 mil colombianos que vivían en territorio venezolano con en el argumento de que la frontera está tomada por paramilitares.

Maduro adoptó esas medidas días después de un presunto ataque a balazos de desconocidos que dejó a tres militares y un civil venezolanos heridos cuando realizaban una operación contra el contrabando.

CIDH pide deterner deportaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) urgió al gobierno de Venezuela a detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva, arbitraria, y/o sumaria, y que adopte de forma urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar que cualquier migrante en situación irregular tenga acceso a un procedimiento que cumpla con las garantías de debido proceso antes de ser deportado y a que se proteja el principio de unidad familiar.

La Cidh, a su vez, llamó al Estado venezolano a adoptar medidas encaminadas para respetar todos los derechos de las personas afectadas por esta situación, incluyendo sus derechos a vivir libres de toda forma de discriminación y violencia. En adición, la Comisión instó a las autoridades venezolanas a abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir las propiedades de las personas colombianas.

el organismo internacional expresó su profunda preocupación ante las deportaciones arbitrarias y colectivas de colombianos “en situación migratoria irregular que vienen siendo realizadas por las autoridades venezolanas en el estado fronterizo de Táchira, Venezuela”.

Según información de público conocimiento, estas deportaciones arbitrarias estarían siendo realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, en cumplimiento de las instrucciones dadas por el presidente Maduro.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha), desde el 22 de agosto, por lo menos, 1 mil 88 migrantes colombianos, incluyendo 244 niños y adolescentes, habrían sido deportados desde Venezuela.

Según la Cruz Roja Colombiana, 4 mil 260 personas adicionales habrían retornado de forma espontánea a Colombia tras la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, donde las autoridades de ambos países denuncian la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.