La abogada Wendy Herrera se ha convertido en el centro de la conversación sobre la situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia.

Tras años de pronunciamientos, videos y debates en medios y plataformas digitales, la jurista cartagenera explicó públicamente por qué, según ella, la influenciadora sigue cumpliendo su condena en un establecimiento carcelario, a pesar de las expectativas de sus seguidores y simpatizantes.

La condena firme que mantiene a Epa Colombia tras las rejas

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó en 2025 la condena contra Barrera por su participación en los hechos violentos que tuvieron lugar en medio de las protestas sociales de 2019 en Bogotá. En ese contexto, la creadora de contenido viralizó un video en el que se le ve destruyendo con un martillo partes de una estación del sistema de transporte público TransMilenio, en concreto la estación Molinos, dañando lectores de tarjetas, puertas de vidrio y componentes de acceso.

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Por estos hechos, las autoridades judiciales consideraron que su conducta constituía daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, entre otros cargos. 

La Corte Suprema impuso una pena de 63 meses y 15 días de prisión, equivalente a más de cinco años, además de una multa económica de 492 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de ejercer como influenciadora en redes sociales durante el tiempo que dure la condena. La decisión fue confirmada en última instancia y tras agotar las instancias judiciales correspondientes.

Qué dijo la abogada sobre por qué no ha logrado sacar a Epa Colombia de la cárcel

Frente a las constantes preguntas y críticas sobre el avance del proceso, Wendy Herrera ofreció una explicación que busca aclarar por qué Epa Colombia no ha recibido beneficios judiciales que le permitan reducir su pena o acceder a mecanismos alternativos de libertad.

Herrera aseguró que, aunque ha manifestado su intención de asumir la defensa de Barrera y de “ayudarla a recobrar su libertad”, aún no cuenta con el “poder legal absoluto” para actuar plenamente en el proceso judicial, lo que ha limitado su capacidad para acceder a los expedientes, presentar recursos o interponer estrategias de defensa más amplias.

Según la abogada, este obstáculo administrativo y legal ha sido clave en el estancamiento de cualquier movimiento hacia una revisión de la sentencia, lo que ha generado frustración entre seguidores de la influenciadora y ha avivado opiniones encontradas en redes sociales.

Además, Herrera explicó que el caso se encuentra bajo la supervisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, instancia responsable de hacer cumplir la sentencia impuesta por la Corte Suprema, y que solo con la formalización de la representación legal con poderes plenos podría iniciar gestiones concretas para la defensa de Barrera.

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En su pronunciamiento, la abogada también mencionó que se está gestionando una posible conciliación entre Epa Colombia y TransMilenio, lo que en teoría podría abrir la puerta a mecanismos de justicia restaurativa. Esos mecanismos, previstos en el sistema judicial colombiano, permiten que la persona condenada repare el daño causado de manera directa con la víctima o la entidad afectada, y en algunos casos pueden traducirse en beneficios procesales o reducción de pena.

No obstante, hasta el momento no se han registrado avances concretos ni decisiones definitivas sobre esta vía, y no existen garantías de que dichos procedimientos lleven a la liberación anticipada de Barrera. Todo sigue dependiendo de decisiones judiciales futuras y de la formalización de la defensa.

Las declaraciones de Herrera han generado una mezcla de reacciones en redes sociales y entre sectores de opinión pública. Algunos simpatizantes consideran que Barrera ha sido tratada con dureza desproporcionada y señalan la falta de progresos en su defensa como un ejemplo del lento funcionamiento del sistema judicial. Otros, en cambio, argumentan que la sentencia responde al marco legal vigente y que las acciones de Epa Colombia tuvieron efectos tangibles en bienes públicos que deben ser reparados según la ley.

Mientras algunas voces celebran cualquier gesto de apoyo hacia la influencer, la realidad es que su situación judicial sigue siendo la de una persona condenada cumpliendo su pena, y que cualquier cambio significativo dependerá de avances en la representación legal, de decisiones judiciales y del desarrollo de procesos alternativos como la justicia restaurativa. 

En suma, la explicación que hoy da la abogada Wendy Herrera apunta a un detalle menos visible para el público: no es solo la pena impuesta, sino los límites administrativos y legales en la defensa, lo que ha frenado pasos que podrían acercar a Epa Colombia a una salida distinta de la cárcel.

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