La situación de las finanzas públicas en Colombia tiene encendidas las alarmas de centros de pensamiento y organismos de control. Según un reciente análisis del centro de pensamiento Anif, el endeudamiento actual del país solo es comparable con la situación vivida a finales del siglo XIX, específicamente durante la Guerra de los Mil Días, que inició en 1899 –es decir, hace 127 años–.
En aquel entonces, el conflicto bélico llevó la deuda a niveles cercanos al 85% del Producto Interno Bruto (PIB) en medio de una hiperinflación galopante; hoy, aunque el contexto es distinto, la deuda neta se ubica alrededor del 58% del PIB, una cifra históricamente elevada que amenaza la estabilidad macroeconómica.
Para dimensionar esta carga, Anif explica que, si hoy se repartiera la deuda neta del Gobierno entre todos los habitantes, a cada colombiano le corresponderían cerca de $20 millones. Esta cifra es impactante si se compara con la realidad de hace 35 años, cuando la responsabilidad por habitante era de apenas $2 millones.
Es decir, en poco más de tres décadas, el peso de la deuda sobre el bolsillo de los ciudadanos se multiplicó por diez, producto de un gasto público que supera sistemáticamente a los ingresos del Estado.
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Llamado de urgencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal
Ante este escenario, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) manifestó que es urgente una articulación real entre el Gobierno y el Congreso de la República para adoptar medidas estructurales que permitan reducir los gastos o incrementar los ingresos –o ambas cosas a la vez–.
Juan Carlos Ramírez, presidente del CARF, advirtió que el país enfrenta un riesgo inminente de insostenibilidad que podría conducir incluso a un impago de sus obligaciones o default. Según Ramírez, la próxima administración nacional, sin importar su color político, deberá asumir un ajuste fiscal histórico de entre el 4% y el 5% del PIB para evitar el estallido de la crisis.
Este esfuerzo financiero no tiene precedentes cercanos, ya que, históricamente, los ajustes más intensos en Colombia no han llegado siquiera a un punto del PIB en un solo año. Lograr una corrección de tal magnitud requeriría un compromiso sostenido de entre cuatro y seis años.
El CARF insiste en que no basta con pasar la tijera por el presupuesto, sino que se necesita una combinación de mayores ingresos y una reducción drástica de la carga del servicio de la deuda.
La teoría del sustico fiscal de Carrasquilla
En medio del debate técnico, en los últimos días siguió agitándose el debate sobre la teoría del “sustico fiscal” que planteó el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reportada por El Colombiano.
Carrasquilla sugirió que ver fallar algunas subastas de deuda sería el choque de realidad necesario para que la ciudadanía y los políticos comprendan la gravedad del problema fiscal que hoy afronta Colombia. Según el exministro, el gasto público se mantiene desbordado en niveles de entre 22 y 23 puntos del PIB, mientras que el recaudo apenas alcanza los 16 puntos.
Este desfase estructural ha provocado que el pago de puros intereses de la deuda se convierta en un monstruo que devora el presupuesto nacional. Para el año 2027, se proyecta que el pago de intereses alcance un máximo histórico de $90 billones.
La visión de Moody’s y los desafíos electorales
La agencia calificadora de riesgos Moody’s también ha puesto su lupa sobre el país, señalando que, aunque el Plan Financiero para 2026 proyecta una reducción del déficit al 5,1% del PIB, las estimaciones de ingresos siguen siendo demasiado optimistas.
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La firma espera que el déficit del gobierno central se mantenga por encima del 6% del PIB por tercer año consecutivo, debido a que cualquier medida de contención real probablemente recaerá sobre la administración que sea elegida en las próximas elecciones de mayo de 2026.
Moody’s advierte que la sobreestimación de ingresos y un gasto inflexible debilitan el perfil crediticio de Colombia ante los mercados internacionales.
Finalmente, el futuro de la economía colombiana parece estar estrechamente ligado a la transición política. La agencia destaca que un cambio hacia un gobierno más favorable a los negocios, que implemente medidas fiscales correctivas al inicio de su gestión, podría mejorar la confianza de los inversionistas y las condiciones de financiamiento.
Sin embargo, si se mantiene el relajamiento fiscal y la polarización, la calidad crediticia del país seguirá erosionándose.
