En una jornada soleada y con la presencia de decenas de funcionarios con prendas de color amarillo, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República lanzaron la estrategia conjunta denominada 'Paz Electoral'.
La iniciativa interinstitucional busca proteger el sistema democrático de la desinformación, promover elecciones limpias, garantizar la seguridad de los comicios legislativos y presidenciales, y exigir a los actores políticos y a la ciudadanía el respeto absoluto por los resultados de las urnas para evitar escenarios de violencia política en el país.
El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, explicó que las elecciones no deben ser un espacio de odio u hostilidad y recordó el trágico episodio ocurrido en el municipio de Gamarra hace dos años, cuando una cadena falsa de WhatsApp provocó que una multitud atacara la sede local de la entidad días antes de las votaciones.
"Quemaron viva a una mujer, a una segunda funcionaria con el setenta por ciento de su cuerpo quemado y una tercera en estado vegetativo", señaló el registrador, quien relató las consecuencias letales que produce la instrumentalización ciudadana a través de las noticias falsas y la desinformación, un fenómeno que calificó como un riesgo global que degrada a las instituciones y a la economía de los Estados.
Frente a este panorama, Penagos Giraldo invitó a los colombianos a participar activamente para dotar de legitimidad a los gobernantes electos, recordando que actualmente más de cuatro mil millones de personas en el mundo viven bajo regímenes autoritarios sin derecho a opinar, elegir o ser elegidos.
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Blindaje técnico y escrutinio manual
Para dar garantías absolutas a los ciudadanos y a las veintiocho agrupaciones políticas frente a los comicios del próximo ocho de marzo, la autoridad electoral detalló un plan de integridad que contempla la implementación de biometría facial y dactilar para mitigar el riesgo de suplantación de identidad, además de la publicación en línea de las 770.000 actas electorales correspondientes a cada mesa para que cualquier ciudadano pueda verificarlas.
"El próximo lunes vamos a congelar todos los software para que el día que se abran el 8 de marzo tengan tranquilidad todas las organizaciones políticas de que el software está absolutamente limpio", explicó el funcionario, agregando que el código fuente estará expuesto y contará con una certificación inalterable, sumado a que los sistemas informáticos están diseñados exclusivamente para sumar y no pueden arrojar datos diferentes a los plasmados físicamente.
El registrador precisó que el proceso contará con la vigilancia de misiones de observación internacional como la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral (MOE), y aclaró que la responsabilidad de declarar los resultados definitivos no recae en su entidad, sino en 9.300 jueces de la República que consolidan la información recopilada a mano por ochocientos sesenta mil jurados de votación en todo el territorio nacional.
Respaldo institucional contra la deslegitimación
A su turno, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, manifestó el apoyo irrestricto de su despacho a la organización de las elecciones y pidió a los actores políticos manejar las inquietudes con prudencia a través de los canales formales, sin acudir a las redes sociales para atacar al sistema.
"Participan, por Dios, más de un millón de personas en un proceso electoral, ¡cómo no se van a cometer errores! Pero no son circunstancias que obedezcan a una conducta tipificada en el código penal de dolosa", explicó el jefe del ente fiscalizador, quien advirtió que deslegitimar los comicios de manera deliberada representa un acto altamente peligroso para la estabilidad del país.
El contralor concluyó que la institucionalidad debe primar por encima de las vanidades individuales y destacó el sacrificio de los trabajadores de la organización electoral que se despliegan en más de ciento veinticinco mil mesas de votación.
Un pacto por el respeto a las urnas
El evento, que contó también con la participación del personero de Bogotá, Andrés Castro, culminó con la intervención del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien enfatizó que la estrategia busca erradicar la estigmatización política y evitar que los ciudadanos declaren enemigos a quienes piensan distinto.
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El funcionario explicó que la estrategia busca que los ciudadanos se apropien del proceso y asuman con responsabilidad la elección de quienes ocuparán las sillas del Capitolio Nacional y la Casa de Nariño.
En un enfático rechazo a la polarización extrema, señaló que el país debe desterrar la violencia y los enfrentamientos entre ciudadanos, a quienes describió como "hijos de una misma madre que se llama la patria Colombia".
El jefe del Ministerio Público ordenó a los actores políticos y a la sociedad civil abandonar la práctica de declarar enemigo a quien piensa diferente y actuar desde la serenidad para garantizar comicios libres, transparentes y seguros.
"Que se respeten los resultados que digan las urnas, sea cual fuera el resultado que diga el escrutinio electoral", señaló Eljach al enfatizar que la aceptación incondicional de la voluntad de las mayorías es el único camino para mantener la legitimidad de las instituciones durante el próximo cuatrienio.
Para materializar el pacto interinstitucional, el procurador concluyó su intervención con una propuesta al registrador nacional, solicitando que la explanada principal de la entidad, considerada la sede de la democracia electoral, sea bautizada definitivamente como la Plaza de la Paz Electoral, como un homenaje a las personas que han contribuido durante décadas a construir y defender el sistema democrático colombiano.
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