El riesgo latente de que los firmantes de paz de Norte de Santander se queden sin la posibilidad de votar en las elecciones al Congreso de la República, constituye uno de los principales riesgos detectados por la Defensoría del Pueblo, reflejado en el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de octubre de 2025, presentado este lunes por la defensora Iris Marín. 

De acuerdo con el documento, este riesgo se presenta en razón de la “amenaza persistente por control de actores armados”. El informe hace referencia específica a la situación de Caño Indio, zona rural de Tibú, donde el desplazamiento forzado que se registró tras el recrudecimiento del conflicto en enero de 2025, generó incertidumbre sobre el voto de firmantes y redujo la posibilidad de candidaturas.

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Esta preocupación ya había sido puesta de manifiesto por la defensora en el contexto de la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales, en Cúcuta, donde mencionó que tanto los firmantes como las víctimas de desplazamiento del último año, por el conflicto armado en el Catatumbo, corren el riesgo de quedar fuera del proceso electoral del ocho de marzo.

“Por su situación, estas personas no están inscritas y requieren un mecanismo extraordinario que les permita votar, porque además la votación tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo de paz como firmantes de paz”, dijo Marín.

Al respecto, La Opinión consultó a la Registraduría Nacional, desde donde indicaron que, en este caso, no hay nada que hacer, ya que “las normas electorales prohíben que una persona vote en una circunscripción electoral distinta a la de su censo electoral”, explicó Jaime Hernando Suárez, delegado electoral de la Registraduría.

El funcionario señaló que aunque el desplazamiento es una tragedia recurrente en Catatumbo y en el país desde hace ya varios años, no existe una disposición especial que exima el cumplimiento de la norma, de modo que la opción es que hagan el cambio de residencia para las elecciones presidenciales, para lo cual tienen plazo hasta el 31 de marzo. 

La Defensoría también identificó a los servidores públicos como otra de las poblaciones en riesgo en el departamento, debido a amenazas, restricciones a la movilidad y ataques directos ejercidos por grupos armados ilegales para incidir en la gestión pública y el desarrollo de los comicios. 

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De acuerdo con la entidad nacional “estas acciones debilitan la gobernabilidad local y generan desplazamiento institucional”, y son situaciones que se viven además en Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, y Cundinamarca. 

“La gobernanza se extiende a la presión sobre administraciones municipales, donde los grupos armados buscan impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos”, manifestó Marín, refiriéndose a un caso puntual en la subregión de Sabanas en Sucre.  

Baja respuesta estatal

En cuanto a la respuesta estatal, la Defensoría encontró que ha sido baja, ya que de las 11 recomendaciones hechas, solo se limitaron a la respuesta ordinaria.
 
La entidad señaló que en prevención y protección, ha habido un cumplimiento del 52%, en investigación y acceso a la justicia 55%, en acciones de la fuerza pública para disuadir el contexto de amenaza 65%, en la articulación interinstitucional (29 %), en las gestiones preventivas del Ministerio Público (65 %).

“Esas once recomendaciones tuvieron un cumplimiento, según la información estatal recibida, del 42 por ciento. Y una desatención a las recomendaciones del 58 por ciento. La recomendación más rezagada, con cero cumplimiento, fue la del fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas”, enfatizó Marín.

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En general, la principal preocupación para la defensora no es sobre si van a haber o no elecciones, sino “sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones, que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, afirmó Marín. 

Nuevas recomendaciones

Frente al crítico panorama, la Defensoría hizo recomendaciones para reforzar liderazgos en aras de una mejor vigilancia electoral, así como de mejorar estrategias de prevención. 

En primer lugar, el llamado de atención fue para el Ministerio del Interior, a fin de que asuma un liderazgo efectivo en la comisión encargada de dar respuesta rápida a las alertas tempranas y se armonicen planes de acción, que aseguren presupuestos medibles y evite la duplicidad de acciones que genera vacíos operacionales.

Asimismo, lo insta a garantizar el funcionamiento real de las comisiones de seguimiento electoral y a capacitar a los entes territoriales sobre sus responsabilidades de protección.

También hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que diseñe e implemente una estrategia integral, que asegure el traslado de material electoral y garantice la custodia de los puestos de votación en zonas rurales y de difícil acceso.

A la Fiscalía General de la Nación le pide fortalecer la investigación y judicialización de los responsables de lo que podría constituirse en constreñimiento electoral, evaluando la implementación de centros de mando 24/7 y disponiendo de fiscales itinerantes en municipios con riesgo inmediato.

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