Al menos 71 “situaciones de orden público o afectaciones al certamen electoral” en más de 15 departamentos se reportaron durante la jornada electoral reportó la Fiscalía General de la Nación.

Según el ente investigador, en catorce municipios hubo casos emblemáticos que se están indagando. En la vereda Los Aguacates, de Segovia (Antioquia), se registraron combates entre el ELN y los grupos disidentes de las Farc presentes en la zona.

En La Guajira hubo dos episodios a los que las autoridades le pusieron la lupa: en Fonseca, un grupo de personas destruyó urnas y tarjetones en un puesto de votación; en Manaure, ciudadanos inconformes trataron de irrumpir en la Alcaldía.

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Manaure ya venía siendo un territorio conflictivo en lo que va de 2023. Entre enero y septiembre, según datos del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, hubo catorce episodios relacionados con motines, protestas, plantones, bloqueos, entre otros. La entidad de derechos humanos identificó, además, que existe “polarización política” en la zona, por lo que había riesgos de disturbios de cara a las votaciones del 29 de octubre.

Similar al suceso de Manaure, en Almaguer (Cauca), de acuerdo con la Fiscalía, un grupo de ciudadanos que rechazaba los resultados electorales intentó ingresar forzosamente a la sede de la Alcaldía de Municipio. Mientras que en Santiago (Putumayo) varias personas destruyeron los tarjetones de ocho mesas de votación.

La Fiscalía, además, destacó tres episodios que ocurrieron en el Cauca. Uno de ellos, en Argelia, donde la Fuerza Pública tuvo dificultades para entrar la semana pasada. Luego del conteo, “se presentó el ingreso de personas seguidoras de un candidato a la sede del colegio donde se efectuó el escrutinio, y quemaron el material electoral”, subrayó el ente investigador, que añadió que que la Policía tuvo que extraer del lugar al registrador municipal.

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En Útica (Cundinamarca) se presentaros disturbios luego de que el partido que perdió los comicios alegó fraude electoral. Tras la situación, el Esmad tuvo que intervenir, como también lo hizo en Facatativá, donde se presentaron desmanes en el coliseo municipal.

El reporte de la Fiscalía se suma al de la Procuraduría General de la Nación, que registró afectaciones al orden público en diez departamentos: Cesar, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Cauca, Caldas, Boyacá, Bolívar, Chocó y Córdoba.

Ambas instituciones registraron disturbios en Chinú (Córdoba), donde la sede de la Registraduría fue atacada luego del inconformismo de la ciudadanía y del intento de ingresar a un puesto de votación. La Procuraduría sostiene que en Pueblo Bello (Cesar) la comunidad se mantiene “inquieta por los resultados parciales”, por lo que urge a la Registraduría tomar medidas.

Arjona (Bolívar) fue otro de los municipios donde el orden público se alteró. De acuerdo con la Fiscalía, “pobladores bloquearon el acceso al único puesto de votación”. En un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la probabilidad de disturbios, protestas o asonadas en estos comicios, figura Arjona como epicentro de disturbios también en las elecciones regionales de 2015.

El mismo documento de la Defensoría señaló a Atrato (Chocó) como otro de los municipios con riesgo de disturbios, como en efecto ocurrió. “Simpatizantes de una campaña política intentaron ingresar de forma violenta al puesto de votación ubicado en una institución educativa”, apuntó la Fiscalía.

De acuerdo con la Defensoría, la expectativa de conflictos sociales en Atrato era palpable por varios factores. Entre ellos, además de que ha habido varios sucesos conflictivos este año, en 2019 fue uno de los municipios con mayor porcentaje de trashumancia, en 2015 se presentaron protestas y en 2023 hubo “posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía”.

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