Grandes son las expectativas de los electores sobre los nuevos gobernantes que llegarán a tomar las riendas de los municipios y departamentos, quienes tendrán la tarea de liderar y tomar decisiones clave en sus comunidades y regiones.

Norte de Santander, un departamento con muchas riquezas y potencialidades y de importancia estratégica para la nación por su condición fronteriza, tiene igualmente un cúmulo de problemas y temas por resolver, que el nuevo Gobernador,  para el periodo 2024-2027, tendrá que sortear conforme al mandato que le otorgaron este 29 de octubre en las urnas.

“En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento”, según el artículo 303 de la Constitución Política, por tanto al dirigir y coordinar administrativamente al departamento para el que fue elegido, tiene la función de tomar decisiones estratégicas que impulsen su desarrollo, siempre buscando el bienestar de la comunidad.

Así, la persona que llega al Palacio de la Cúpula Chata, sede de la Gobernación de Norte de Santander, tiene la facultad de presentar a la asamblea departamental programas que tengan el objetivo de mejorar la situación económica, social y cultural del territorio.

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La Opinión consultó a representantes de diferentes sectores de la economía y la sociedad nortesantandereana, quienes desde su óptica expresaron cuáles serían esas tareas en las que el nuevo gobernante regional podría enfocarse para hacer una buena administración, en unidad de acción con los diputados de la Asamblea Departamental, concejos municipales y de los alcaldes de su jurisdicción.

Francisco Unda Lara, gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), seccional Norte de Santander, considera que el próximo gobernador tendrá que ser capaz de liderar al departamento para poder completar y terminar las obras de infraestructura que tanto requiere para aumentar su competitividad.

Se refiere en particular a una solución final para la vía Cúcuta-Ocaña, una solución estructural para terminar la vía Cúcuta-Tibú-Convención-La Mata, Convención-Ocaña, así como ser capaz de terminar la vía Cúcuta-Tibú-La Gabarra, y para esto no solo hace falta una decisión de infraestructura y recursos, sino ser capaz de coordinar con las comunidades del Catatumbo, con las comunidades del departamento y las fuerzas de seguridad para que estas vías se puedan hacer. Creo que aquí hay liderazgo específico que tiene que asumir el próximo gobernador.

El líder gremial dijo que en un segundo aspecto, el departamento tiene que decidirse a hacer una infraestructura de producción agroindustrial, así como se hizo con el arroz y con la palma y se está haciendo con el café.

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Considera que en Norte de Santander hay muchas tierras que todavía están sin cultivar de manera industrial y eso el gobernador debe ser capaz de promoverlo, especialmente en la Provincia de Pamplona.

Así mismo, que hay que darles unas vías de competitividad y turismo a los Pueblos de Occidente, para lo que se requiere hacer obras de infraestructura y darle un sentido económico a esos municipios.

Y de otro lado, el departamento necesita avanzar a pasos agigantados en procesos de innovación y en procesos de gestión empresarial y para esto el impulso de la Gobernación será fundamental, al igual que hay unos temas alrededor de la frontera y cómo dinamizar el proceso fronterizo  también será un reto del próximo gobernador.

Soluciones conjuntas para el sector minero

La Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), considera que un punto importante es buscar alianzas para el sector productivo, que en la construcción del Plan de Desarrollo estén inmersos proyectos pensados en impulsar el sector del carbón y que se trabaje de manera mancomunada para enfrentar los nuevos retos del mercado buscando soluciones conjuntas con políticas públicas, que además de beneficiar al sector sean transversales en favor de la economía de la región.

Otro tema clave para el nuevo gobernante que llegue a instalarse en la cúpula chata  tiene que ver con garantizar la seguridad para que los inversionistas que buscan hacer crecer la minería sientan confianza de seguir invirtiendo en este sector tan importante para la región, que genera empleo a más de 70 mil familias de la región.

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Así  mismo, que “se debe hacer un trabajo de manera articulada con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Minas y Energía, para que los procesos de legalización sean más rápidos y efectivos, de esta manera combatimos la minería ilegal y se garantiza una competencia en igualdad de condiciones, ya que todos aportamos a las regalías que directamente apoyan el desarrollo del departamento. Es fundamental que sea un articulador a nivel nacional para que se optimicen los procesos”.

El sector del carbón considera que otro ámbito primordial es mejorar las vías que hay en la zona minera, porque de esta manera será más eficiente el transporte del producto y se reducen los costos logísticos que se han elevado al tener que usarse vías alternas.

Finalmente, que “es importante que la Secretaría de Minas y Energía, sea un aliado estratégico, no solo del sector minero, sino de todo el ámbito productivo de Norte de Santander, para lograr suplir las necesidades que hay en el departamento”.

Espacio para el diálogo con los grupos armados

Juan Camilo Páez, abogado, docente e investigador de la Universidad Libre de Cúcuta, asegura que el Gobernador de Norte de Santander tiene que afrontar dos frentes de seguridad que son estratégicos: el primero respecto a los procesos de diálogo con diferentes grupos armados con presencia en la región, caso del Eln y las disidencias del llamado Estado Mayor Central, grupos que en su criterio están dispersos, particularmente el Eln, donde no hay una unificación de criterios frente a cada uno de ellos, así como aquellos actores que puedan entrar a los proceso de Paz Total del Gobierno Nacional.

“Todas esas organizaciones tienen intereses particulares que se contraponen, por lo que tiene que abrirse un espacio de diálogo que permita identificar los intereses comunes en salvaguarda de la comunidad, no apartándolos y no cercenando el espacio al diálogo, sino que por el contrario convertir el gobierno regional en un espacio de diálogo entre diferentes fuerzas al margen de la ley y el Gobierno Nacional”.

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Así mismo, enfrenta un problema de percepción de inseguridad ciudadana, la cual no es injustificada, porque se ha permitido en muchas oportunidades que el crimen ya no solo sea interfronterizo, oculto dentro de las zonas rurales, sino que llegó a las áreas urbanas. La criminalidad urbana es uno de los aspectos que más recursos va a requerir por parte del gobierno regional, en la medida que la Policía y demás organismos de seguridad deben hacer parte en lo que se conoce integralmente como Política Criminal, un conjunto de medidas adoptadas en pro de enfrentar y responder ante la criminalidad de manera organizada, de  modo tal que se entienda hacia donde se encuentra el ataque y no meramente reactiva como se ha venido haciendo en los últimos gobiernos, según Páez.

Una agenda asociada al desarrollo rural

Mario Zambrano, politólogo, docente universitario y coordinador del programa Cúcuta Cómo Vamos, considera que una de las cosas que debe estar incorporada en la agenda departamental, independientemente de quien sea el Gobernador está asociado al desarrollo rural.

En primera instancia, por las particularidades que tiene dada su posición geográfica fronteriza, que en términos territoriales ya genera un desafío, y en segunda medida por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET),  en lo que puede significar la Paz Total para el departamento, que implica dar cumplimiento en algunos puntos del Acuerdo de Paz, en los que se registra baja implementación, según agencias de cooperación internacional que hacen seguimiento a esos procesos explica Zambrano.

Agrega que la apuesta debe ser reconocer esas particularidades,  tratar de generar una agenda común con actores que tienen miradas tan distintas como los empresarios de la agroindustria, específicamente de la palma, con las asociaciones campesinas que hay en el departamento y los indígenas.

En su criterio, esto significa apostarle a un modelo de desarrollo que sea capaz de hacer compatible estos intereses que suelen no estar alineados, entonces esa capacidad de diálogo, de construcción colectiva amparado en los PDET que tienen una visión de prospectiva más amplia,  donde va el desarrollo rural, potencializar las capacidades productivas de la región, tratar de hacer compatibles esas capacidades productivas con las necesidades y condiciones posiblemente del desarrollo social completamente distinto, de donde se deriva cómo enfrentar los temas de seguridad en el campo y las ciudades que está bastante disparada, cómo se construye una gobernanza de la seguridad, más allá de los límites político-administrativos, y cómo la Gobernación puede entrar a jugar un papel importante.

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