Las denuncias de amenazas a 38 candidatos que aspiran a diferentes cargos políticos en el departamento y los planes de acción de los entes territoriales frente a las alertas tempranas generadas por la Defensoría del Pueblo, así como las estrategias para brindar la participación democrática en las elecciones del próximo 29 de octubre, fueron algunos de los principales temas que se analizaron en la novena Comisión de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales en Norte de Santander.

La jornada de trabajo se distribuyó en tres encuentros, el primero de ellos para discutir lo concerniente al tema de la seguridad y en el que los alcaldes y secretarios de gobierno de los municipios abordaron los hechos más recientes que involucran a los aspirantes a las 40 alcaldías del departamento, al igual que a la Asamblea y los concejos, en situaciones que ponen en riesgo su integridad y participación en los comicios. 

Taiz Ortega, secretaria de Gobierno departamental, dijo que en esa reunión también se habló de la alerta temprana 030 de la Defensoría del Pueblo en la que, como macroregión nororiental, aparece Norte de Santander con una lista de 16 municipios con calificación de alerta extrema, la mayoría pertenecientes a la región del Catatumbo. 

“El compromiso de la Gobernación fue instar a los municipios a que presenten los planes de acción para contrarrestar las recomendaciones de esa alerta temprana, aunque nosotros no estamos trabajando para garantizar las elecciones solo en esos 16 municipios. El esfuerzo es para que haya una verdadera fiesta democrática en todo el departamento”, dijo la funcionaria. 

Ortega mencionó que las acciones buscan que exista una coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía en materia de prevención, no solo por posibles alteraciones del orden público que se puedan presentar, sino por situaciones de constreñimiento, trashumancia electoral o dificultades en el transporte de votos, aunque en este último, los mecanismos digitales han facilitado la tarea. 

A propósito de la alerta temprana 030, la Defensoría del Pueblo hizo algunas consideraciones frente a los riesgos que se viven en el departamento de cara a los comicios que se avecinan.

Por ejemplo, mencionó casos como los de los municipios La Esperanza, Tibú y Sardinata, en donde se impone la presencia de grupos armados al margen de la ley  que promueven actividades de propaganda política, o de otras poblaciones del Catatumbo donde han circulado comunicados intimidatorios frente a la opción que tienen los ciudadanos de elegir a sus candidatos. 

En el documento se destacan también hechos de violencia que ponen en riesgo a la población civil, en especial las amenazas a líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), homicidios y actos terroristas en Cúcuta y su área metropolitana, además de posibles violaciones masivas a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
 

Lea también: Estas son las vías que estarán cerradas en Cúcuta por el Clásico RCN 2023

Denuncias de amenaza

Aunque al término de la Comisión de Coordinación y Seguimiento no se entregaron mayores detalles sobre los aspirantes que han recibido amenazas, recientemente, el candidato a la Alcaldía de Cúcuta por el Pacto Histórico, Isaac García, publicó un comunicado para dar conocer que ha sufrido ataques, agresiones y amenazas, tanto en espacios públicos como en  sus redes sociales. 

En el documento expresó que cinco competidores han sido blanco de amenazas de muerte en el escenario de esta contienda electoral, razón por la cual se vio obligado a elevar denuncias ante la justicia. 

El también aspirante a la Alcaldía de Cúcuta por el Partido Ecologista, Martín Rojas, fue otro que dio a conocer la denuncia que hizo ante la Fiscalía porque junto a su esposa habría recibido mensajes con amenazas de muerte que incluyen a sus hijas. 
 

Le puede interesar: Sectores y regiones con más recursos en el Presupuesto de 2024 tras el primer debate

Normalidad en los puestos de votación

En un segundo espacio de participación, los asistentes al Comité revisaron  el último informe entregado por la Delegación de la Registraduría en Norte de Santander, referente a los 454 centros de votación que estarán habilitados el 29 de octubre, con la respectiva actualización de ciudadanos inscritos y candidatos que continúan en el proceso. 

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Taiz Ortega, dijo que evaluaron el panorama actual  de estos puestos, con el fin de establecer el acompañamiento en materia de seguridad, ya que algunos tendrán presencia de Ejército, otros de la Policía Nacional y algunos de comisiones mixtas, especialmente en el área rural. 

En este punto surgió la preocupación por parte del Ministerio del Interior y de la Misión de Observación Electoral (MOE), en cuanto a los protocolos para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones, así como de las personas en condición de discapacidad.

Durante la novena Comisión de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales hubo un espacio destinado a la firma del Pacto por la Participación y La Vida que se desarrolla a nivel nacional, para que los partidos y movimientos adquieran un compromiso de no agresión y respeto por todos los actores de los procesos políticos. 

Aquí: ¿Qué pasará con los funcionarios que estuvieron en el show de stripper de Vivian Polania en el Palacio de Justicia de Cúcuta?

MOE pide garantizar la participación

Jairo Oviedo, coordinador de la regional MOE Norte de Santander, comentó que en el espacio en que tuvieron participación para hacer seguimiento al proceso electoral, se presentó un informe de la Registraduría sobre los avances en la preparación de las elecciones y otros temas operativos. 

“Desde la MOE fuimos reiterativos en lo que tiene que ver con facilitar el voto para las personas con discapacidad y en que la Registraduría implemente todos los protocolos para garantizar el voto de las personas trans”, dijo.

Mencionó que esta ha sido una de las preocupaciones de la organización porque desde hace un par de años, las personas trans han sufrido restricciones o han tenido problemas para el ejercicio de votar, debido a que su transición de carácter personal no necesariamente se manifiesta en los documentos. 

De igual modo, han generado la discusión para que se verifique, en los centros de votación, las condiciones de los puestos y de esta forma garantizar que tengan acceso para las personas en condición de discapacidad y adultos mayores. “Incluso, pedimos que se den garantías para las personas que participan en el debate electoral, mínimo el acceso a baños y la posibilidad de que los jurados no estén expuestos al sol, ni a la lluvia”, agregó. 

 Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion