La tensión que rodea la campaña presidencial que está en marcha y que se definirá en apenas unas semanas ha llevado a muchos funcionarios a romper la delgada línea entre la opinión y la participación en política, dejando en evidencia que de una u otra forma están tomando partido en el actual debate democrático.
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Desde el presidente de la República, Iván Duque, quien en repetidas oportunidades ha hecho duros cuestionamientos a la campaña política del candidato de la oposición, Gustavo Petro; hasta el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, que también terminó envuelto en una discusión con el aspirante del Pacto Histórico, y varios alcaldes, no han podido evitar ser tentados por la controversia que viene rodeando la contienda presidencial.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), una de las principales irregularidades que está denunciando la ciudadanía frente a la campaña que empieza a llegar a su recta final, es la posible participación indebida en política de funcionarios de diferente nivel, incluyendo al jefe de Estado, y funcionarios de alto perfil, quienes haciendo uso de su cargo han expresado algún tipo de apoyo a los aspirantes.
Para la veeduría electoral, esta actuación puede afectar, entre otros aspectos, el principio de imparcialidad de la función pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y la libertad política de los votantes.
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“La MOE reitera el llamado a los funcionarios con cualquier tipo de autoridad política, civil o administrativa, especialmente a aquellos que ocupan altos cargos, incluyendo al presidente de la República, a que se abstengan de manifestar públicamente cualquier tipo de preferencia política o de intervenir en las controversias que surgen en el debate electoral”, indicó la MOE.
Teniendo en cuenta los casos que ya se han presentado y la polémica que esta situación ha desatado en medio de la carrera por la Casa de Nariño, la Misión le solicitó a la Procuraduría General de la Nación adelantar las acciones preventivas necesarias ante denuncias o actuaciones que favorezcan una determinada campaña, “así como avanzar en la pronta investigación de los hechos reportados por la ciudadanía y los medios de comunicación”.
La semana pasada, el Instituto Anticorrupción presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el presidente Duque por presunta participación en política, por las declaraciones que ha entregado refiriéndose a una campaña en particular, aunque no de manera directa, con lo cual estaría violando la Ley de Garantías.
