‘Cui prodest scelus, is fecit’. Aquel a quien beneficia el crimen es quien lo cometió… Lo dice Séneca en Medea y lo demuestran cada día miles de investigadores criminales en el mundo entero, que comienzan por establecer los posibles beneficiarios de un delito, y luego asignan responsabilidades.
En Colombia quizás se tenga esta premisa nacida en el derecho romano para tratar de aclarar todos los crímenes que se cometen a diario. Pero, la verdad, hay casos en los que la duda puede más que la contundencia de las supuestas pruebas incriminadoras. Y uno de esos casos es el del bombardeo al Centro Comercial Andino de Bogotá.
¿Los detenidos —abogados, artistas, intelectuales de izquierda— sí son, superadas las dudas más reticentes, los responsables del atentado? Pero, ¿y si no lo son? Porque Colombia está cansada de investigaciones que quedan en nada porque la fiscalía ahora, y los órganos de investigación como el Das, antes, ante cualquier crimen de escándalo, inculpaban a los primeros paisanos que pasaban ante sus oficinas… Y, luego, los jueces dejaban todo en cero, porque descubrían que las investigaciones eran montajes para salir del paso.
Un atentado horroroso con tres inocentes mujeres muertas, ¿de qué manera puede beneficiar a un grupo de izquierda como la Organización Revolucionaria Popular (Orp)? En realidad, en muy poco o nada. En cambio, beneficia políticamente a la derecha radical que, en un día como el del atentado, veía impotente cómo se ponía fin a la guerra con las Farc, y dejaba enormes dudas en torno del diálogo que se adelanta con el Eln, al que se alcanzó a culpar del hecho.
Pero, es muy probable que, a profesionales de experiencia, conocedores de las leyes y de la política, sabedores, como revolucionarios, de las consecuencias que genera un acto como el cometido, les haya ganado la estupidez y hubieran hecho estallar la bomba.
El hecho claro es que la opinión pública está dudosa de la manera como se adelanta la investigación del atentado: la captura casi en paquete de los incriminados, a quienes, dice la fiscalía, estaban siguiendo desde meses antes; filtraciones muy puntuales de supuestas pruebas y de hechos no comprobados; prácticas, en fin, iguales a otras que solo han dejado escepticismo marcado y pérdida de confianza en el Estado, han particularizado a esta muy importante investigación.
El concepto muy colombiano del falso positivo está haciendo carrera en la opinión pública expresada a través de las redes sociales, sin que desde la cima de la fiscalía se haga la claridad suficiente para despejar tantas dudas y desechar, de una vez por todas, la grave posibilidad de que los acusados realmente sean inocentes.
Lo grave de la situación es que, de ir a la justicia, este grupo de ciudadanos pondrá al juez en muy serios aprietos, pues tendrá muchas dudas y temores de dejarlos en libertad si son inocentes. La matriz de opinión creada con estos episodios de las pruebas filtradas de vez en cuando, indica que son culpables, y punto.
El hecho de que, como se rumora, precisamente ese día no funcionaran las cámaras del centro comercial, despiertas suspicacias, porque, precisamente en momentos críticos de otros hechos lamentables, algo no estaba fuera de lugar o no servía.
Ojalá todo este episodio se esclarezca pronto, antes de que el alud de comentarios y de sospechas comience a arrasar con todo. La fiscalía tiene la palabra.
