La ciudadanía, haciendo uso de su derecho constitucional del voto libre, definió el 8 de marzo en las urnas una parte importante del futuro de Colombia con la confirmación del Congreso de la República y la escogencia de tres candidaturas presidenciales mediante consulta: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras.
Cada uno de los electores con su conciencia y siguiendo los dictados partidistas, de los colores políticos o inclinándose por el voto útil, marcó el tarjetón en esta contienda legislativa con esa convicción de lograr las transformaciones requeridas.
Los violentos -para fortuna del país- fueron unos de los derrotados en esta oportunidad y recibieron la notificación de que el miedo generado por sus amenazas y hostigamientos no amedrentó al electorado en zonas donde por segunda y última vez se eligieron las curules de paz, entre ellas el Catatumbo.
Y otro delito que igualmente acechó y contra el cual se mostraron varios resultados certeros de las autoridades fue el de la compra de votos, que dejaron unos cuatro mil millones de pesos en efectivo incautados, junto con propaganda electoral, al igual que varios detenidos.
Están muy bien esos golpes que propinaron las autoridades pero muy mal que los politiqueros busquen hacerse elegir con esta clase de métodos corruptos, en un hecho que mina la credibilidad en la corporación donde se producen las leyes.
Desde muy temprano se advirtieron largas filas de votantes en los puestos en que se situaron las urnas, indicativo sobre el que debemos hacer fuerza para que se haya logrado reducir el abstencionismo que es otro factor que le resta potencia a la democracia.
Cuando ese mal persiste, tal vez mucho tenga que ver aquello de la imagen que tiene ese poder público ante la comunidad, que de acuerdo con recientes mediciones la positiva estaba en 57,6 por ciento y la negativa en 33,9 por ciento.
Lo importante en estos momentos no es quedarnos en los diagnósticos sino en asignarles tareas para que los elegidos las desarrollen en este cuatrienio de trabajo desde el Senado y la Cámara con el que se cierra la tercera década de este siglo.
Una tiene que ver con una urgente reforma política para ponerle punto final a la mercantilización del voto (bien sea con dinero, prebendas o puestos), al igual entrar a evaluar el sistema de financiación de las campañas.
Los que se reelijan y quienes lleguen por primera vez al legislativo, tendrán en sus manos numerosas decisiones para la construcción del futuro nacional, dentro de una corporación en que dos partidos tangencialmente opuestos marcan la asignación de una buena porción de las curules en contienda.
Deben entender, como lo recordamos antes, que marcarán el cierre de los primeros treinta años del siglo XXI, y por ello deben dejar la impronta de que aquellos problemas que envejecieron mal tienen que ser enfrentados y solucionados sin más demora.
Además, el cuerpo de legisladores de Senado y Cámara trabajarán con el presidente que sea elegido en primera o segunda vuelta y a cuyo gobierno respaldarán o serán opositores y construirán con él aspectos esenciales en campos de la economía, la seguridad, la solución de problemas sociales, la paz y las relaciones internacionales, todos estos de una importancia fundamental.
En lo que se debe estar de acuerdo es que las promesas de mejorar se apliquen de verdad y no se queden en cambios maquillados para que nada cambie.
La movida electoral generada, ayer, igualmente llevó a tres caras más a la lucha por la Presidencia de la República en Colombia, que a partir de ahora entra en la fase de agitación plena de la campaña en búsqueda de llegar a la Casa de Nariño.
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