Para el 14 de marzo está prevista la cita en esta parte de la frontera colombo-venezolana de la presidenta encargada del vecino país, Delcy Rodríguez y del jefe de Estado Gustavo Petro, quienes tienen una amplia agenda por tratar.

En esta importante cita sin duda alguna tiene que encontrarse el asunto de muchos colombianos que fueron hechos prisioneros por el régimen del vecino país, sin unas razones claras  y que hoy siguen detenidos.

Y nos referimos específicamente a este caso, porque  se trata de por  lo menos 80 connacionales, entre los  que figuran 18  apresados en el Rodeo I, quienes  se encuentran en huelga de hambre para llamar la atención tanto del Palacio de Miraflores como de la Casa de Nariño.

Un llamado a la Cancillería y a la Presidencia de la República para que en este acercamiento se logre la consolidación de una labor de buena voluntad entre Caracas y Bogotá, en procura de la libertad de este grupo de colombianos.

Sería bueno que la cita presidencial dejara como resultado inmediato la liberación de los compatriotas para que puedan regresar a Colombia sin más traumatismos.

Es que hay muchas inquietudes por la suerte jurídica de ellos porque prácticamente se encuentran en una especie de juicio sumario, sin posibilidades de defensa real ni para desvirtuar las acusaciones en su contra.

Hay varias inquietudes que surgen en torno a lo sucedido con los colombianos que recientemente fueron detenidos. 

¿Qué pruebas documentales hay que los señalen de ser los responsables de los delitos que les endilgan? ¿Por qué sí fueron liberados presos de otras nacionalidades y en cambio a los colombianos todavía los mantienen arrestados en centros carcelarios venezolanos? ¿A qué obedece esa discriminación? ¿Qué se oculta detrás de esta acción?

El debido proceso debe respetarse. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano es urgente que se pronuncie sobre ese caso  específico y la situación procesal actual de los detenidos colombianos.

Pero además, la Fiscalía de Venezuela, que ahora tiene a un nuevo titular luego de la salida de Tarek William Saab, con el propósito de que los funcionarios encargados de dicha entidad den a conocer también cuáles son las acusaciones en contra de estos connacionales.

Se necesita de esa necesaria claridad sobre todos los momentos que se han producido a lo largo del tiempo, desde el instante mismo en que fueron capturados, llevados ante los jueces y levantados los cargos contra ellos.

Ahora que se han producido toda suerte de movimientos desde la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero, la esperanza es que haya una luz al final del túnel.

Una salida humanitaria a este problema es necesaria que se defina entre ambos gobiernos mediante una intervención directa del presidente Gustavo Petro, poniendo dicho caso como un asunto de primera línea.

La solución es fundamental dentro de este nuevo escenario en que se mueven las relaciones de los dos países, y en donde tienen que tener prelación la eliminación de factores de riesgo para la movilidad de la personas, como estas detenciones arbitrarias que borran las  opciones jurídicas y tipifican una persecución sin razón alguna.

Es necesario que la Presidencia y la Cancillería colombiana busquen las mejores alternativas para que el gobierno venezolano le ponga fin a las detenciones arbitrarias.

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