Aunque por su red social preferida el presidente Gustavo Petro asegura que los recursos para la Registraduría están asegurados, hay fuertes señales que indican riesgos financieros para las próximas elecciones del año entrante.

Una que es contundente tiene que ver con la deuda impaga, hasta el momento, de la reposición de votos a los candidatos, cambiando completamente las reglas de juego.

En otras oportunidades, de acuerdo con dignatarios partidistas, el dinero ya había sido girado para pagarles a los aspirantes a gobernadores y alcaldes por la reposición de los votos obtenidos.

Y el aspecto más complejo que genera la alerta sobre una asfixia financiera que puede llevar al traste los comicios de Congreso y Presidencia de la República, el año entrante, es el drástico recorte presupuestal.

Por eso es que hacia el gobierno de  Petro se ha levantado el dedo ecuador de carecer de voluntad política para que los partidos puedan ejercer libremente la capacidad de organización de cara a las próximas elecciones.

También al presidente y a su equipo económico le han advertido que la democracia es un bien público que no puede ser puesto en riesgo por decisiones financieras mal planificadas como también ha ocurrido en el frente de la seguridad, que igualmente es un baluarte para garantizar el derecho de elegir y ser elegidos.
 

Todo esto ha ocurrido luego de que naufragara la reforma tributaria para recaudar $12 billones, situación que llevó a drásticos recortes como el de 56,75 por ciento al Consejo Nacional Electoral, que en dinero constante y sonante equivale a una disminución de $600.000 millones.

Fuentes le contaron a La Opinión que hay una gran preocupación por la suerte y desarrollo de los próximos procesos electorales de marzo y mayo del año entrante, como lo han expresado el propio CNE y diversos sectores políticos del país.

Los colombianos deben conminar al Ministerio de Hacienda para que revise sus cuestionadas decisiones de los ajustes que han sido señaladas de no contar con un criterio de proporcionalidad en comparación con otras entidades, ni de razonabilidad que considere la importancia de garantizar elecciones libres, justas y transparentes.

El consejo de ministros, televisado o no, debe apretar el cinturón burocrático, erradicar gastos innecesarios, buscar la reducción de salarios de los altos dignatarios del Estado incluidos los congresistas y disminuir el tamaño del Estado, sin afectar dos pilares importantes: inversión social y las garantías al sistema democrático.

Sería un peligroso  retroceso para la estabilidad democrática del país caer en esa clase de ‘jugaditas’ que parecieran estar hechas a la medida para intentar una extensión de facto del periodo presidencial, por ejemplo. En este aspecto, cobra vigencia la inquietud que  ronda tanto en redes sociales como en la deliberación diaria. ‘presidente Petro por favor aclárele al país sus intenciones: ¿se quiere quedar en el poder?

El Congreso de la República debe citar a debate de control político al equipo económico del Gobierno nacional para prevenir e impedir estas excusas financieras con objetivos bajo la mesa, y corregir para que los colombianos habilitados para votar puedan hacerlo como lo manda la Constitución de 1991, sin riesgos de suspensión y con todos los elementos requeridos para la transparencia y salvaguarda del voto.

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