Los testimonios sobre la primera masacre de este año en Norte de Santander -ocurrida en Ábrego- dejan helada la sangre, generan espanto y traen la triste recordación de que nuestro rico Catatumbo es un territorio que continúa sin poder sacudirse del  conflicto armado.

El narcotráfico lo tiene convertido en un polvorín donde se  disputan fieramente el control de esa economía ilegal las bandas criminales, la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc, el reducto del Epl y hasta los carteles mexicanos de la droga.

Como es de lógica, dentro de  ese entramado violento quedan atrapados los campesinos muchos de los cuales bien sea por condiciones económicas o porque son presionados,  son cultivadores de hoja de coca. Los estimativos indican que allí hay por lo menos 40.000 hectáreas de cultivos ilegales.

Dentro del acuerdo de paz con las desmovilizadas Farc, se contempló el punto 4 para desarrollar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en aquellas áreas del territorio colombiano afectadas por ese fenómeno.

La filosofía central de esta estrategia estatal, desde un comienzo, es la de promover la sustitución voluntaria de la coca por otros productos que ayuden tanto a favorecer la soberanía alimentaria como a servir de base económica para los agricultores, con el fin de dejar definitivamente esa actividad.

Pero ahora lo que ocurre es que se ha puesto en marcha el proceso para la erradicación forzada de los mismos en el Catatumbo, en búsqueda por parte del gobierno del presidente Iván Duque de cumplir el compromiso con Estados Unidos de reducir los cultivos en la mitad, en relación a los niveles de 2017,  antes de finalizar 2023 y que la producción de cocaína también disminuya considerablemente en el país.

Y dentro del planteamiento que fuera expuesto por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, se le indicó a Colombia la necesidad de acudir de nuevo a la cuestionada utilización de la fumigación aérea de los cultivos ilegales.

Como se ve, el de por sí complejo panorama en el Catatumbo tiende a empeorar  ahora con este nuevo asesinato múltiple, que lamentablemente pone a Ábrego, por segundo año consecutivo, en el radar de las masacres en Colombia.

Se necesita que urgentemente la Policía, la Sijín y la Fiscalía en una acción coordinada avancen en el proceso investigativo para el esclarecimiento de este atroz hecho de sangre, que llena de miedo y zozobra a toda una comunidad que incluso con un plantón repudió este caso.

Así lo expuso la misma Organización de Naciones Unidas al hacer un llamado a las autoridades para que protejan el derecho a la vida de sus habitantes e investiguen y sancionen a los responsables de esta nueva acción criminal.

En este aspecto, es importante considerar que ojalá con el reforzamiento de la seguridad en el Catatumbo con 600 hombres del nuevo Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales, la volátil situación de orden público en esa región de Norte de Santander se estabilice y cese el baño de sangre.

El control del Estado en todos los territorios es fundamental tanto para contener el avance de la criminalidad como para proteger a la comunidad y garantizarle sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la educación y a la justicia social.