Sumado a las críticas que ha generado su modelo de realizar las mediciones políticas para la época electoral, la firma AtlasIntel deberá enfrentar una denuncia penal que fue presentada ante la Fiscalía General por la presunta utilización de sondeos no probabilísticos presentados como encuestas electorales durante esta campaña presidencial.

El proceso judicial lo radicó el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, el abogado y veedor ciudadano, Pablo Bustos Sánchez, quien es además el coordinador internacional de Veedores Sin Fronteras. Para Bustos, lo hecho por la firma estadística es claro que habría cometido los delitos de fraude al sufragante, corrupción de sufragante, perturbación de certamen democrático y otras conductas relacionadas con la presunta manipulación de la percepción electoral en Colombia.

En la denuncia, plantea Bustos, que hay informes técnicos y expedientes del Consejo Nacional Electoral, en los cuales habrían concluido que “estudios divulgados por AtlasIntel correspondían metodológicamente a sondeos no probabilísticos, pese a haber sido presentados públicamente como encuestas capaces de reflejar la intención de voto del electorado colombiano”.

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Para Bustos, la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE detectó “ausencia de diseño probabilístico verificable, falta de trazabilidad y falta de replicabilidad” en varios estudios auditados, hallazgos que habrían derivado incluso en conceptos de “incumplimiento material” y solicitudes de análisis sobre posibles medidas cautelares contra la firma.

Señala además que “el país podría estar frente a una de las denuncias más delicadas sobre posible interferencia en la formación de la voluntad popular a través de información electoral presuntamente engañosa”, como también que advierte que la divulgación reiterada de estudios presuntamente irregulares habría podido alterar el comportamiento estratégico de los electores, generar fenómenos de voto útil, influir en alianzas políticas, afectar financiación de campañas y crear una percepción artificial de viabilidad de determinadas candidaturas presidenciales.

En la denuncia también se solicita investigar posibles vínculos entre la firma encuestadora,  campañas políticas, financiadores y terceros interesados en la difusión de los estudios cuestionados. La petición incluye inspecciones judiciales, peritajes estadísticos independientes y preservación urgente de evidencia digital, correos electrónicos, bases de datos y comunicaciones internas.

Para el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, la Ley 2494 de 2025 prohíbe expresamente la divulgación de sondeos sobre intención de voto electoral y establece estrictos estándares de transparencia y verificabilidad para las encuestas políticas en Colombia.

Entre las solicitudes elevadas a la Fiscalía se encuentra la apertura inmediata de noticia criminal, la asignación del caso a una unidad especializada en delitos electorales y la práctica de pruebas para establecer si existió una estrategia coordinada para inducir a error a los ciudadanos durante el proceso electoral presidencial.

En marzo pasado el Consejo Nacional Electoral, abrió investigación a Atlas-Intel, debido a posibles violaciones a la ley de encuestas. La investigación también será para algunos medios que divulgaron los estudios hechos por la firma cuando esta no estaba inscrita en el registro de encuestas del país.

Se investiga la “presunta presentación de estudios metodológicamente estructurados como sondeos bajo la denominación de encuestas probabilísticas, sin advertir su carácter no representativo”, lo que iría en contra de los artículos 2 y 6 de la ley de encuestas.

De acuerdo con el CNE, la resolución señala que la comisión técnica alertó que los estudios fueron presentados como encuestas cuando realmente eran sondeos, “lo cual reviste relevancia jurídica frente a los deberes de clasificación, identificación y advertencia”, sobre si la población escogida era representativa o no. 

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Por otra parte, este viernes la firma AtlasIntel entregó su medición que publicó Semana, en la cual Cepeda tiene el 37,6 % de la intención de voto (en votos válidos), seguido de Abelardo de la Espriella, con el 32,9 %, y Paloma Valencia, con el 16,7 %.

Luego están Sergio Fajardo (4,9 %), Claudia López (3,5 %), Santiago Botero (0,4 %), Carlos Caicedo (0,3 %), Gustavo Matamoros (0,1 %), Mauricio Lizcano (0,1 %), Roy Barreras (0,1 %), Miguel Uribe Londoño (0 %), Luis Gilberto Murillo (0 %), Sondra Macollins (0 %) y el voto en blanco (3,2 %).

Para la segunda vuelta Abelardo de la Espriella con el 44 % se impondría a Iván Cepeda 40,4%, mientras que entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el aspirante de la izquierda llegaría al 39,2% y la candidata del Centro Democrático tendría 40,6%.  Si la segunda vuelta fuera Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero tendría el 39,4 % de los votos y el exgobernador de Antioquia llegaría a 26,3 %.

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