La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido abrir un importante capítulo que muchos colombianos estaban esperando en lo relacionado con una fase del conflicto armado de las Farc con el Estado colombiano, que incluye un punto tan sensible como el de la violencia sexual.
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Recordemos que en las guerras siempre los combatientes que creen haberle ganado territorio al enemigo y de tenerlo asediado y derrotado, toman a la mujer o a los niños o a los propios hombres y a la población LGTBIQ, como elemento sexual para saciar sus instintos y procurar un golpe moral a sus contendientes.
En estos casos en específico el enemigo era prácticamente que la misma población civil a la que alguna vez estas fuerzas alzadas en armas decían defender, pero que ante la degradación de las acciones bélicas internas, terminaron por afectarlas gravemente.
La JEP ha recogido informaciones y reportes que indican por lo menos 54.000 víctimas de desplazamiento forzado, 50.100 de medios y método de guerra ilícitos, 48.000 de homicidio, 15.000 de desaparición forzada y 2.300 víctimas de violencia sexual.
Esas estadísticas que muy probablemente estén afectadas por los subregistros, fueron entregadas por la Fiscalía en 2018, corresponden a hechos descritos en sus expedientes, a datos entregados por las organizaciones de la sociedad civil y a las publicaciones que el Centro de Memoria Histórica pasó a esta Jurisdicción a manera de informes.
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Es así como en total la JEP encontró que el universo provisional de hechos estaría conformado por 169.400 hechos victimizantes, que ahora se acumularán en este macrocaso sobre el cual deben entrar a responder los exmiembros de la guerrilla de las Farc que se acogieron al proceso de paz con el Estado.
Sin duda alguna que habrá muchas sorpresas, lágrimas y estupor cuando en la Sala de Reconocimiento de Verdad, y presenten sus versiones individuales y colectivas, los antiguos miembros del secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Este macrocaso no es una decisión aislada, es el resultado de las voces agolpadas alrededor de una lucha por el reconocimiento y la justicia. Es el reclamo de miles de mujeres, personas de orientación e identidad diversa y organizaciones de derechos humanos que a través de los años han construido informes y recopilado los datos necesarios para identificar las violencias sexuales en el contexto de la guerra en razón de estrategia y control social, como lo expuso en su momento Rutas del Conflicto.
Incluso, la prueba de que hay un gran pasaje oscuro que es necesario dilucidar, surge de lo expuesto en junio de este año por el exjefe máximo de esa organización, Rodrigo Londoño, cuando en la audiencia de reconocimiento sobre la toma de rehenes, admitió algo más doloroso.
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“No fue una política de la organización, pero hubo hechos de violencia sexual en el ejercicio de control del territorio”.
Esto sí que es indispensable sacarlo de esa zona gris y llevarlo a primera línea, si tenemos en cuenta este planteamiento de Rutas del Conflicto: “En el Universo Provisional de Hechos presuntamente cometidos por las Farc- Ep se determinó que del total de victimizaciones documentadas, 2.300 corresponden a casos de violencia sexual entre 1980 y 2016, teniendo dos picos considerables en los años 2000 y 2002. De estas víctimas identificadas, cerca de 1.800 son mujeres y 296 son hombres, siendo casi la mitad de las víctimas menores de edad cuando sucedieron los hechos”.
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