Lo relatado en un tortuoso viaje por carreteras venezolanas para cruzar desde el Táchira hasta Maracaibo, en medio de retenes  y extorsiones, es la prueba viviente sobre el por qué persiste el temor a lanzarse en una travesía de esta naturaleza, por los riesgos que se corren.

Ese episodio actual sirve para traer a colación datos dados a conocer por la organización Transparencia Venezuela y Ecoanalítica relacionados con la existencia de por lo menos 322 puestos de control ubicados sobre las carreteras troncales y vías regionales en el vecino país.

Esas alcabalas se encuentran distribuidas de esta manera: 223 de la Guardia Nacional Bolivariana, 55 de la Policía Nacional Bolivariana, 33 de las policías estadales, 3 de las policías municipales, 3 de la Policía Judicial y 3 del Ejército Bolivariano.

Se pensaría que un despliegue de seguridad permanente de esa naturaleza conllevaría a un transitar sin contratiempos y protegido contra la delincuencia a quienes hagan el recorrido en vehículos particulares o de transporte público. Pero nada es lo que parece.

De acuerdo con ese análisis, el alza del matraqueo ha sido tal que desde los pequeños productores hasta las grandes empresas han tenido que incluir estos montos en sus estructuras de costos, lo que a la larga impacta en el precio final que pagan los consumidores venezolanos.

“A efectos de este informe, la extorsión en las alcabalas también es considerada una economía ilegal, que contribuye a la captación de rentas de efectivos corruptos y que crea distorsiones económicas con un impacto negativo a la población”, añade el citado examen.

Lo descrito ahí encaja como anillo al dedo en lo que hoy siguen padeciendo los viajeros que se  lanzan a esa aventura, en la que están expuestos a ser despojados del dinero que lleven y hasta de sus pertenencias.

Lo revelado por La Opinión en la crónica: “Viajar por Venezuela, un recorrido entre retenes y extorsiones” reitera como la corruptela que permea al régimen chavista y sus Fuerzas Armadas hizo metástasis para convertirse en una especie de ‘doctrina’ o una forma común de actuar para recibir, ilegalmente, fuertes sumas de dinero.

Aquí es bueno tener presente que en la más reciente medición de percepción de corrupción se destaca el deterioro de Venezuela, que en dos décadas pasó del puesto 130 al 180, por el alto grado de deterioro en las esferas gubernamentales.

Tal es el nivel de deterioro, que en el vecino país la extorsión es ineludible en cualquier situación que involucre interacción entre los funcionarios y los funcionarios. Es parte de la cultura de su gestión, como lo describe Transparencia Venezuela.

Una megapurga es lo que deberá hacerse en las Fuerzas Armadas venezolanas y gran operación para desmontar la cleptocracia que se instaló para hacer de la corrupción una fuente de ingresos tanto a costa de exigirle pagos ilegales al ciudadano de a pie como de cooptar todas las estructuras del Estado para el enriquecimiento ilícito.

Debería este asunto ser objeto análisis en los encuentros binacionales tanto empresariales como a nivel gubernamental para plantear y exigir que esas alcabalas de la extorsión sean depuradas tanto en las carreteras como en áreas portuarias y fronterizas con el fin de devolver la confianza y la tranquilidad de los viajeros tanto venezolanos como extranjeros, de los industriales e inversionistas.

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