Un año después de la firma del acuerdo final con las Farc en el Teatro Colón, cumplido el pasado viernes, Colombia se sigue debatiendo entre la mirada negativa del proceso, representada en un alto porcentaje de los colombianos que desconfía del éxito de su implementación, y la realidad soportada en análisis serios de entidades internacionales expertas en estos asuntos, que indican que el proceso no van tan mal como se cree y que los avances en implementación de acuerdos presentan logros muy importantes.
La lectura que hacen la mayoría de los colombianos sobre el avance del proceso según las encuestas es negativo; este escepticismo puede ser normal en un país que apenas está empezando a comprender que el acuerdo implica cerrar el ciclo de violencia que ha sido pan de cada día durante los últimos 50 años.
Para la fecha del aniversario de la firma, se conoció un informe sobre el estado efectivo de la implementación de los acuerdos, publicado por el Instituto Internacional de Estudios de Paz, Kroc, de la Universidad de Notre Dame, entidad que le ha hecho seguimiento a 34 procesos de paz en el mundo. El documento hace un análisis del estado efectivo de la implementación del Acuerdo Final y compara el de Colombia con otros procesos de paz en el mundo.
Además de ubicar el acuerdo con las Farc como uno de los mejor diseñados en el mundo, reconoce avances importantes en implementación: en el 45% de los puntos dela cuerdo ya están en proceso de implementación. Asegura, también, que el 17% de las disposiciones del acuerdo final han sido completamente implementadas.
La interpretación del Kroc es que la implementación del Acuerdo Final ha alcanzado avances claves, que quizás han sido minimizados por muchos, como por ejemplo, el cese de la violencia y la dejación de armas –hechos de dimensiones históricas que hace apenas 5 años eran impensables–, y se echó a andar con éxito todo el esquema de monitoreo y verificación. Estos puntos, según el estudio, se cumplieron más rápido aquí que en El Salvador, Guatemala y Mozambique.
Pero el mismo informe reconoce que hay temas deben ser prioridad en la agenda: las garantías de seguridad y protección para los excombatientes de las Farc, el trámite jurídico, legal y administrativo de ciertos instrumentos incluidos en el acuerdo que son esenciales para la continuidad del proceso; concretar la oferta programática del Estado para los que están en proceso de reincorporación, clarificar la situación jurídica de los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETC)R), entre otros.
Lo más importante, donde radica el mayor reto y a la vez el mayor riesgo, es la necesidad de presentar mayores avances en el acceso y uso de la tierra y el desarrollo económico y social en los territorios más afectados por la pobreza, pues no se puede perder de vista que estos son los puntos considerados como la raíz del conflicto en el país.
Hacer seguimiento a la situación de los desmovilizados que han abandonados los Espacios Territoriales es uno de los temas más sensibles para los ciudadanos, que escépticos, temen que las promesas se incumplan y termine sucediendo lo mismo que con otros procesos fallidos, en los que las disidencias, terminan siendo peor y causando más daño que los grupos originales.
