Hay males que reaparecen cada cierto tiempo, con el agravante de que no se les pone ni el suficiente cuidado ni las adecuadas acciones de control para erradicarlos de manera definitiva. No se trata de una enfermedad del cuerpo, sino de un comportamiento que, contradictoriamente, afecta las posibilidades de educación de muchos estudiantes.

Se trata del problema recurrente de las listas de libros, cuadernos y demás elementos para el retorno a clase, y que popularmente se ha bautizado como ‘los útiles inútiles’.

Sí. Inútiles porque no se entiende qué servicio prestan para la formación académica de los alumnos y, en cambio, onerosos para el presupuesto familiar.

Cada año, por esta época, tanto en el departamento como en el país surgen las inquietudes, denuncias y consideraciones en cuanto a los pedidos que hacen los colegios a los estudiantes para el inicio de las actividades académicas.

Aunque está vigente la Ley 1269 que intenta ponerle freno a los abusos, lo cierto es que en la práctica no es tenida en cuenta.

Dicha norma establece que los planteles educativos deben entregar a los padres de familia, en el momento de la matrícula, la lista completa de materiales educativos (que incluyen útiles, textos y uniformes), la cual debe estar previamente aprobada por el consejo directivo, en el cual están representados padres, estudiantes y exalumnos.

Como muchas de nuestras leyes, parece que esta debería ser reformada o derogada para dar paso a una que logre encontrarle la salida adecuada a esta problemática y que sea producto de una gran concertación entre todos los sectores involucrados en el campo de la educación en el país.

En enero y febrero son meses en los que se escucha a los acudientes afirmar que en determinada institución educativa le manifestaron que el uniforme lo debe comprar en tal parte, o que en el listado les exigen libros y cuadernos de determinadas editoriales o marcas específicas, prácticas que no están permitidas pero que ocurren sistemáticamente.

Debe primar la conciencia entre los establecimientos educativos de que a veces dichas exigencias se convierten en una forma de exclusión y de dificultad para que los niños, adolescentes y  jóvenes tengan acceso al derecho a la educación, porque si terminan siendo muy costosas, el aspecto económico los dejaría fuera de las aulas.

Aprovechando que en las regiones los gobiernos se acaban de posesionar y que el Gobierno Nacional ha mostrado alto interés en fortalecer la educación, como se advirtió con el aumento de la inversión a $70 billones este año, deberían planear una acción conjunta para que no tengamos que estar repitiendo noticias como esta: ‘Listas de útiles, lo permitido, lo prohibido y cómo denunciar’.

Entonces, paralelo a lo que se hizo con la gratuidad para entrar a las universidades públicas, es la hora de que se revise todo lo relacionado con las listas escolares, para que haya inflexibilidad real en aspectos como el constante cambio de libros, sin que ni siquiera haya transcurrido un periodo de tres años desde su adopción en determinadas asignaturas.

Es que hay muchas zonas grises, grietas legales y consideraciones poco claras que son aprovechadas para pedir larguísimos y costosos listados que después hasta terminan teniendo un impacto negativo sobre el costo de vida. Así que el llamado es a ponerle punto final.

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