Ser funcionario del Estado en Cúcuta implica dejar de llamar a las cosas por su nombre, como debe ser. De vez en cuando, alguno de esos funcionarios intenta eludir esa costumbre, como le pasó al concejal Carlos Camero hace dos días.

Consultados por La Opinión sobre qué hacer para despejar todas las calles de los usurpadores del espacio público que se las tomaron para hacer negocio, los concejales formularon las recomendaciones que, les parece, se deben llevar a cabo, para enfrentar el fenómeno.

Llamar a las cosas por su nombre es la única manera de saber de qué se habla: lo demás es acudir a los eufemismos que disfrazan problemas y realidades.

En ese sentido, antes que vendedores ambulantes, o solo ambulantes, como han dado algunos en llamarlos, son en realidad usurpadores del espacio público, que con el argumento de que ejercer su derecho al trabajo, se adueñan de lo que es de todos.

Incluso, como pasa en el Centro Comercial Bolívar, no solo usurpan, sino que amenazan con cuchillos a quienes intentan hacer lo mismo. Venezolanos que actúan como mafiosos son los dueños de vida y muerte, ¡al otro lado de la calle de la principal sede de la Policía! 

El concejal Camero dio en el blanco, al señalar la causa de las causas para que Cúcuta sea una gigantesca, sucia y abominable plaza de mercado, con miles de personas hacinadas con sus negocios en los andenes: falta de autoridad.

Ni más ni menos. Por razones electorales y de permisividad mal entendida, las autoridades de la ciudad permiten que la ciudad sea lo que es, y lo que no son las demás ciudades del país.

Y no es que en ellas no haya vendedores: sí los hay, pero no son ambulantes: son estacionarios, y son muy pocos, seleccionados y, lo más importante, sometidos a estrictas normas de todo tipo. Incluidas, claro está, las sanitarias. Además, pagan impuesto de industria y comercio, algo que acá no se les pasa ni por la imaginación.

Para el concejal, a la autoridad le falta voluntad política para actuar. Esto es inocultable, pues en los dueños de las calles, los candidatos tienen siempre buen respaldo electoral, muy probablemente ofrecido con el compromiso tácito de que les permitan seguir abusando del espacio público.

Por otro lado, la Policía, que está obligada a actuar sin que el alcalde así lo determine y ordene, no actúa. La Alcaldía, gran responsable del bienestar de la comunidad, bienestar que está siendo alterado por las ventas callejeras, no ordena despejar el espacio público, es decir, tampoco actúa. Y los órganos de control, que, se supone, deben vigilar la conducta de los funcionarios públicos y el cumplimiento de las normas legales por parte de ellos, mucho menos…

Y los concejales, que no desaprovechan oportunidad para declararse como coadministradores del Municipio, se limitan a formular recomendaciones, pero solo cuando los periodistas les plantean el tema.

La realidad es que ningún funcionario hace conciencia de que el problema puede estallar cualquier día, en especial motivado por la presencia de extranjeros por docenas, entre los usurpadores. ¿Habrá que esperar hasta entonces, para que las autoridades hagan lo que tienen qué hacer?