Colombia, sin duda, es un país bastante particular. Para nadie es secreto que la corrupción es un fenómenos que ha permeado casi todas las esferas de la sociedad y el ámbito público y privado. 

Sin embargo, cuando se presenta la oportunidad para manifestarse en contra de este fenómeno, como una posibilidad de poner trabas a quienes hacen fiesta con el recurso público, la contundencia de la gente parece esfumarse. 

Llevamos décadas viendo como casi a diario destapan desfalcos millonarios: Odebrecht, Interbolsa, Reficar, el PAE, Saludcoop, el cartel de contratos de Bogotá,  Fidupetrol...

Son apenas algunos, pero parecieran no ser suficientes para convencer a la ciudadanía de que sí vale la pena manifestarse contra este mal que nos tiene rezagados, empobrecidos y limitados. 

Este domingo, por primera vez, los colombianos tendrán las posibilidad de acudir a las urnas a votar por  la consulta, que consiste en siete puntos que buscan limitar el espacio para que se generen actos de corrupción.

En otras palabras, endurecer las medidas para que a la hora de robar, los corruptos la piensen dos veces. 

Claudia López, exsenadora y cara más visible de la consulta anticorrupción, ha tasado en 50 billones de pesos el costo de que corrupción anual en Colombia. La contraloría y la procuraduría han manejado una cifra similar: 40 billones de pesos. En 2016, por ejemplo, la corrupción costó casi el 5% del PIB del país. 

Hace una semana, el país conoció una interesante radiografía adelantada por la universidad Externado de Colombia, sobre la corrupción a todo nivel. 

Aunque ubicó la cifra del dinero que se pierde por este fenómeno en 9 billones de pesos, revela datos que permiten inferir que esta práctica ya está tan enquistada,  que desterrarla puede tomar décadas de esfuerzo. Pero esto, según el informe, no es garantía para superarla. 

En Colombia, el 91 por ciento de los empresarios consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos y el 58 por ciento afirman que si no se pagan sobornos, se pierden negocios.

El estudio concluye que el problema parece ser sistemático y que los esfuerzos que se han hecho para frenar esa costumbre  de llenarse los bolsillos a toda costa, han sido inútiles. 

Endurecer las penas para los corruptos, evitar que obtengan jugosos beneficios como la casa por cárcel, limitar su permanencia en los cargos públicos a tres periodos, bajarles el sueldo y obligarlos a demostrar con qué bienes llegan a ocupar los puestos del Estado son algunas medidas que sí van a contribuir a que robar sea un poco más difícil. 

Pero más allá de eso, manifestarse masivamente en las urnas sobre un tema del que todo el país está hastiado, sería una muestra contundente de que no estamos dispuestos a seguir tolerando un actuar criminal que no recibe el castigo que merece. 

Lo que resulte de la votación de mañana será mandato constitucional. No hay nada más poderoso que la voluntad de un pueblo, y por primera vez, todo está dado para que los puntos que se aprueben queden incluidos en las leyes. 

Es, sin duda una oportunidad, que no se debe desaprovechar.