Cuando el almanaque ya tiene marcados trece meses de una guerra incesante en el Catatumbo entre los grupos del Eln y la disidencia de las Farc que desde el 15 de enero de 2025 se lanzaron a disputarse el control, acaba de producirse una acción de carácter judicial.

Según la Fiscalía, los cabecillas del grupo disidente estarían involucrados en 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento de menores de edad y el desplazamiento forzado de 87 personas, en desarrollo de la cruenta confrontación armada en esta subregión de Norte de Santander.

Comenzar a definir las responsabilidades y a individualizar a quienes lanzaron operaciones que introdujeron nuevos elementos de alta peligrosidad para la vida y que rompieron cualquier opción de convivencia pacífica, es un paso en el camino correcto.

Esta situación que rompió todos los récord en materia de crisis humanitaria por un solo hecho, en el país, debe recibir una contundente acción desde la administración de justicia no solamente en las imputaciones y señalamientos, sino en la aplicación de condenas contundentes.

Es que esta demencial guerra entre las dos organizaciones armadas ilegales, que dejó cientos de homicidios, miles de desplazados y confinados y numerosos desaparecidos  tiene que ser fuertemente repudiada y rechazada, así como recibir las más contundentes determinaciones de la institucionalidad.

Los comandantes de las agrupaciones al igual que los combatientes comprometidos en esa clase de ataques, hostigamientos y escalamiento del conflicto con el uso de armas no convencionales como los drones cargados de explosivos contra la población civil,  tienen que responder por todas estas actuaciones.

Es que no pueden argumentar, ni el Eln o la disidencia de las Farc, consideraciones relacionadas con la presunta lucha armada encaminada reclamar al Estado que e solucionen todos los factores generadores del conflicto armado ni tampoco de que se trata de una lucha en beneficio de la población.

Es muy evidente que el trasfondo de este enfrentamiento bélico tiene que ver fundamentalmente con el control territorial, político y social, lo mismo que el manejo de  las economías ilegales provenientes del tráfico de estupefacientes.

A la luz de los acontecimientos se advierte que este horroroso capítulo que le va a dejar profundas y dolorosas heridas al Catatumbo y a Norte de Santander resultó ser una trágica salida en falso de ambas estructuras ilegales que deberán  cargarla como una pesada cadena y, de paso, constituir una severa derrota en los campos político y jurídico al momento de intentar retomar las fracturadas negociaciones de paz con el Gobierno nacional.

El caso de esta guerra en el Catatumbo tiene que marcar un antes y un después en cuanto a las conversaciones con el Eln y dicha disidencia, por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el arrasamiento de los derechos humanos y el sometimiento armado al que han querido atenazar a los catatumberos.

Porque es que cualquier futura negociación debe estar marcada por esa ola de homicidios perpetrada en esta temporada en que los fusiles y las bombas son los únicos que han hablado, mientras que los desplazados y los confinados tendrán que ser reparados por este hostigamiento desaforado y, lógicamente, no olvidar a los desaparecidos ni tampoco borrar este luctuoso hecho de nuestro conflicto armado de cada día.

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