Se han hecho advertencias sobre las dificultades internas y externas que en la actualidad atraviesa  la minería del carbón, en Norte de Santander.

Lo peor de todo es que el impacto negativo va contra el empleo, algo tan esquivo en el departamento, y que debe de ser cuidado precisamente para tener contenida la pobreza extrema y la exclusión.

Ahora se encuentra la región ante una encrucijada generada porque el panorama carbonífero adquirió el mismo color del mineral, lo cual puede provocar el deterioro de las condiciones sociales.

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que más de 70.000 familias del departamento dependen de la cadena del carbón nortesantandereano. No es un asunto de poca monta desde este aspecto.

Así que frente a una crisis de esta naturaleza no solamente se relaciona con la  paralización de las actividades de explotación en las minas, como ya está ocurriendo, sino en el deterioro de la situación socio-económica de los municipios en donde se encuentran localizadas.

Otro elemento que deberá tenerse en cuenta es el de las regalías que genera el mineral sobre las cuales también pueden registrarse efectos negativos en su cantidad, que en últimas se reflejarán en el descenso de las opciones de inversión para el desarrollo de la misma región.

Lamentablemente nos encontramos ante un efecto de bola de nieve que va creciendo en sus daños colaterales, puesto que no solo se circunscribe al renglón carbonífero  que hoy se encuentra enfrentando diversidad de problemas.

El cuadro crítico de este importante rubro de la economía nortesantandereana lo integran la baja de los precios internacionales del carbón y coque, al igual que  la pérdida de competitividad local por el incremento de los costos logísticos, operativos y, sobre todo, tributarios, que de acuerdo con los analistas ocasionaron que la producción del mineral se encuentre en picada.

Por lo tanto hay mucho que superar. Será necesario que se trate de activar un plan de emergencia para enfrentar todo lo que ha provocado en esta parte del país el ensombrecimiento de la comercialización del carbón, que deja al negocio maltrecho en sus ingresos y utilidades.

Fue muy claro en la descripción de lo ocurrido Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón: “la verdad es que no hace sentido de negocio, con los precios actuales, producir para pagar unos impuestos, como el del 1% a las ventas de carbón por efecto de la comisión del decreto de Conmoción Interior del Catatumbo, cuando el negocio no está dando margen, porque ese es un impuesto totalmente regresivo y expropiatorio que no reconoce los costos de producción”.

Los carboneros, la Gobernación de Norte de Santander y los alcaldes de los municipios productores deberían buscar diálogos con el Gobierno nacional para exponerle lo que está sucediendo en materia de pérdida de empleos que está empujando a muchas familias mineras al rebusque.

Es decir, a lo anteriormente reseñado por el vocero de dicha industria hay que anexarle el surgimiento de una crisis social, del aumento de la informalidad, que en conjunto con la pérdida de competitividad local revisten la crónica de un carbón a punto de apagarse con efectos desalentadores.

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