La coincidencia es, además de dramática, indicativa de que cuando se trata de obras públicas, o se chambonea o se trabaja mal o se usan materiales de la peor calidad o… Significa que a nadie le importa lo que ocurra con el dinero del Estado, que es el dinero de todos.

Por estos días, en la región hay una racha de obras públicas que se caen a pedazos. Y aunque hay que reconocer que coincidentemente los órganos de control despertaron también estos días de su letargo de varios años, es poco, muy poco, lo que se hace para castigar la irresponsabilidad de los funcionarios involucrados.

Nada de lo que está pasando con las obras del Estado ocurre con las de la empresa privada. ¿Por qué?

Hace muchos meses, los habitantes de la torre 28 del complejo urbanístico Cormoranes, en el occidente de Cúcuta, comenzaron a quejarse de la aparición de grietas y filtraciones en sus apartamentos que el gobierno les dio. La constructora dijo que no era nada grave, y que pronto habría una solución definitiva.

Pues era grave, nada de lo prometido sucedió. Hace dos días, la Procuraduría ordenó de modo imperativo evacuar la torre y llevar a las familias a un sitio seguro.

Otras torres están inquietando al vecindario: también tienen grietas. Y si no están inclinadas, como la 28, es quizás por buena suerte.

Hace por lo menos cuatro años, se repiten las quejas sobre el Club del Adulto Mayor, que la Alcaldía contrató y que después no recibió, por graves problemas en su estructura. Ahora, intentan recuperarlo, en tarea que ojalá dé resultado.

El Centro de Desarrollo Infantil de Cormoranes (Cdi), por su parte, es una oda a la irresponsabilidad más rampante. Lo construyeron con diseños mal hechos, con estudios de suelos deficientes, y los resultados están a la vista: se está cayendo a pedazos y no hay manera de evitarlo. Allí se tiraron a la basura 4.696 millones de pesos que ojalá no los pierda el Estado.

En el nuevo Gramalote, los dueños de casas se quejaron hace algunos meses de que no estaban bien construidas. Algunos técnicos las revisaron y su informe fue una reiteración de las quejas. Por fortuna, funcionarios del Estado advirtieron a los constructores que no recibirían la obra de unos 370.000 millones de pesos, si no reparaban lo mal hecho. Lo están haciendo.

Que en la obra de Gramalote y en la de Cormoranes se repita alguna firma constructora quizás sea coincidencia. Quizás no.

Finalmente, hace muy pocos días, el pomposo Centro de Atención a Víctimas de Atalaya, entró a la lista de las obras malditas en Norte de Santander. Grietas y filtraciones arrasaron con el techo, que cayó sobre varias dependencias, dejaron sin luz algunas oficinas y obligaron al cierre de las baterías sanitarias.

Allí, el Estado invirtió 5.500 millones de pesos, en relación con los cuales no ha habido la vigilancia debida.

La falta de control de los interventores y de los órganos de control hace que a veces resulte peor el remedio que la enfermedad, o al menos más caro. Esta es una consecuencia derivada del hecho de que los órganos de control estén en manos de los amigos y hasta de los exjefes de campaña.