En medio de las recientes modificaciones del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), se ha desencadenado una crisis para muchas familias nortesantandereanas, que, a pesar de enfrentar condiciones socioeconómicas difíciles, han perdido crucial ayuda estatal. Estas alteraciones, impuestas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), han sembrado caos en todo el país.

En lugar de lamentarnos, es momento de acción por parte de las alcaldías, exigiendo al DNP y al gobierno del presidente Gustavo Petro corregir las inconsistencias registradas.

Es imperativo que, en el caso de Cúcuta, la Alcaldía y la Oficina del Sisbén implementen un plan de emergencia para atender las necesidades de las familias afectadas, especialmente aquellas que han perdido el auxilio de la Renta Ciudadana.

Proponemos asignar un grupo especializado de funcionarios para abordar las quejas, inconsistencias, denuncias y reclamos generados por las modificaciones en la clasificación del Sisbén.

Este equipo debe realizar nuevas encuestas y verificaciones en el terreno, evaluando las condiciones de las familias que han perdido acceso a los planes sociales del Gobierno.

Todo este proceso debe ser detallado técnicamente y presentado a Planeación Nacional para corregir las numerosas inconsistencias que han surgido.

El Sisbén de Cúcuta debe contar con un equipo altamente especializado para realizar un diagnóstico preciso, ya que existen evidencias claras de que algo salió mal.

Es esencial contrastar la información recopilada con las fichas originales, determinando si hubo inconsistencias, mala aplicación de datos o distorsiones que llevaron a los cambios en la categorización socioeconómica.

Pero también hay que tener presente lo señalado por muchos usuarios en laciudad, quienes  no entienden por qué estos cambios se realizaron de manera tan abrupta, pues aunque les han dicho que es una situación que depende exclusivamente del DNP, funcionarios del Sisbén Cúcuta realizaron el año pasado varias jornadas de actualización de datos y pareciera que esto no hubiese quedado registrado. Esto tiene que precisarse.

Además, debemos examinar si el nuevo procedimiento refleja mejoras reales en empleo, condiciones de vivienda, servicios públicos e ingresos familiares.

Si no se arrojan luces sobre lo que está ocurriendo, estaríamos frente a una exclusión de beneficios esenciales, razón por la cual Planeación Nacional tiene que  actuar con la diligencia debida para mitigar cualquier tipo de afectación adversa que  el proceso llegue a provocar.

La Defensoría del Pueblo alerta que en el país 1.7 millones de personas, beneficiarias de programas de transferencias, están en riesgo de perder su condición debido a las actualizaciones del Sisbén, sin mejoras reales en su situación económica y social.

Aunque las actualizaciones buscan una identificación más precisa de las necesidades de los hogares, las alarmas indican que hay mucho por mejorar, y la vulnerabilidad persiste.

Es crucial abordar estas injusticias, buscando el apoyo de la clase política para realizar los cambios necesarios y evitar afectar a miles de familias pobres. Es hora de corregir el rumbo y garantizar la justicia social para todos.

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