El Catatumbo sigue en el centro de la discusión esta vez en lo relacionado con las decisiones y pedidos  para ponerles punto final a los beneficios de que gozan varios jefes de la disidencia de las Farc que operan en esta subregión nortesantandereana y para su máximo cabecilla nacional.

De por medio queda otra vez la cada minutos más deteriorada política de ‘Paz Total’ y en el caso específico del frente 33, el proceso para la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) también sigue en crisis.

Es que todo hace parte de los ineludibles contextos y aquí alias Calarcá, al quedar nuevamente con las órdenes de captura reactivadas, pues lógicamente hace brotar el nombre de esta zona del país.

Y eso es lógico porque los miembros de la disidencia aquí siguen enfrascados en el fragor de una sangrienta guerra con el Eln por hacerse al control territorial, social y de la producción de cocaína para nutrir sus arcas y financiar la escalada criminal.

Por ese motivo evidente que todos los días se nota con homicidios, secuestros, desplazamientos, desapariciones, reclutamiento forzado y ataques diarios con drones explosivos, la Fiscalía General de la Nación reclama suspenderles los beneficios a varios jefes de esa organización armada ilegal.

Ahí figuran Andrey Avendaño, Richard y Jhon Mechas, quienes han dado muestras de una evidente falta de coherencia entre lo que piensan, hablan y actúan que se refleja en la cruda violencia y la crisis humanitaria que golpean a la zona.

Ellos deben decidirse si van a seguir o no con cualquier clase de negociación con el actual Gobierno y si van o no a la ZUT. Tienen que hablar claro, si es que están esperando los resultados electorales para saber de qué corriente y quién será el nuevo presidente o si es que definitivamente van a seguir con sus ilegales acciones guerreristas usando como combustible la economía ilegal del narcotráfico.

Lo acaba de precisar muy detalladamente la Fiscalía,  al recordar que en marzo de 2026, en un juzgado de control de garantías de Cúcuta varios de esos cabecillas fueron imputados de hechos que dejan al menos 49 víctimas de homicidio, 87 de desplazamiento y el reclutamiento de 31 menores de edad en territorio catatumbero.

En la práctica y a la luz de la justicia lo anteriormente mencionado no tiene ningún viso de paz ni de concordia por ninguna parte, es puro accionar que busca ocasionar el mayor daño posible y una demostración de fuerza para imprimir temor entre la población para someterla y de esa manera también mostrarle al Estado que no es una fuerza debilitada.

Entonces, los que siempre seguirán arrastrando con las peores consecuencias son los habitantes quienes sufren los hostigamientos al quedar convertidos ellos y sus tierras en una especie de deshumanizado botín de guerra de entre dos supuestas organizaciones que equivocadamente siguen creyendo que la salida es la lucha armada pero que hoy se advierte a leguas que perdieron el Norte al estar permeadas y absolutamente sumergidas en el negocio de las drogas ilícitas.

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