En momentos en que cada día se destapa un nuevo escándalo de corrupción en Colombia, las cifras que se revelan sobre cuánto le cuesta al país el robo de los recursos públicos ya ni siquiera sorprenden.

El fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho en los últimos días que la corrupción en entidades públicas le cuesta al país 2 billones de pesos al año, cifra que si se contrasta con otros informes conocidos este año,  se queda corta.

Según un informe de la Asobancaria, en el mundo la corrupción está costando alrededor del 2% del PIB global, pero para Colombia esta cifra alcanza el 5% del PIB local.

Cifra muy similar es la que maneja el  Fondo Monetario Internacional, que  advierte que el costo anual de las malas prácticas es de cerca del 4 % del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 40 billones de pesos.

 Pero, ¿qué podría hacerse en el país con esos recursos? 

Con 40 billones de pesos podrían construirse tres metros como el que se planea hacer en Bogotá; también se podría financiar por los próximos 100 años el programa Ser Pilo Paga y pagar buena parte de las carreteras 4G que se está ejecutando en este momento. 

Otro dato que entregó el Fiscal es que en el último año se han logrado judicializar 998 funcionarios públicos y privados que se estaban lucrando con los recursos del Estado. 

Esto significa que a diario, cerca de tres funcionarios corruptos fueron vinculados a procesos por sus malas prácticas. 

¿A qué hora el servicio público se desvió del camino? ¿En qué momento se generalizó la falta de ética, la falta de compromiso con una labor que en algún momento fue admirable y con una sociedad que cada día se hunde más en la necesidad y la desigualdad?

El detrimento de lo público, al nivel que se ha dado en Colombia, representa un daño irreparable a la sociedad y un freno en seco al desarrollo; cuando la corrupción alcanza los niveles que estamos viviendo, cuesta mucho pensar en un camino que permita retomar el rumbo. 

Lo que más asusta en Colombia es la capacidad que han tenido altos funcionarios de usar su estatus y reconocimiento para organizar verdaderas redes de extorsión y chantaje en las que han caído justos y pecadores. 

Y genera mucho temor observar lo lejos que han llegado y todo los hilos que lograron mover con el conocimiento de muchos que nunca denunciaron.

No basta con depender de funcionarios de turno que se dediquen, como lo ha hecho Martínez, a desenmascarar a estos zares de la corrupción. Es necesario crear una entidad que se dedique a combatirla, a llegar al fondo de los casos sin importar quienes caigan, y que de alguna manera se blinde para que los tentáculos corruptos no la alcancen. 

Sin embargo, no pareciera que Colombia esté lista para asumir este compromiso, pues desde Odebrecht hasta Reficar, los hombres más reconocidos de la política y la función pública han resultados salpicados. 

Hoy, cuando los escándalos de la justicia están más candentes que nunca, cuando se aceptan sobornos como si fuera algo normal, la gente dice que eso se sabía hace mucho. Pero ¿por qué nadie lo había denunciado? Mientras Colombia siga siendo el país 37 de 168 (según Transparencia Internacional) en donde hay más corrupción, no se puede pensar en desarrollo. No se puede pensar en progreso.