A la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de absolver al excandidato presidencial del Centro Democrático (CD) Óscar Iván Zuluaga, le quieren atribuir sus amigos y seguidores algunos significados que no tiene.

EL CNE no es un órgano de Justicia como la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, sino uno de control electoral. Es un organismo político, antes que jurisdiccional. Así, sus decisiones solo tienen relación con todo lo referente al sistema electoral. Nada más.

Por eso, afirmar que la Justicia exoneró a Zuluaga es una falacia, que quedó en evidencia en la medida en que junto con la declaración del CNE se conoció otra, del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que sí existe prueba de que la contratista brasileña Odebrecht asumió costos de la campaña de Zuluaga.

La firma Odebrecht está sindicada de entregar multimillonarios sobornos a funcionarios públicos vinculados a entidades del Estado encargadas de contratar la construcción de gigantescas obras públicas, y a campañas políticas.

Y, si hay evidencia, como lo sostiene Martínez, lo lógico es que le sirva para que ordene seguir investigando y, si es del caso, promover un proceso penal contra la campaña presidencial de Zuluaga y contra el candidato, y contras las personas que se involucraron en el hecho.

Para ello, el fiscal deberá, primero, dejar sin piso los comentarios callejeros que indican que avanzar en la investigación es darle oportunidad a Germán Vargas Lleras de quitar de en medio a un contrincante fuerte, como Zuluaga, en su deseo de alcanzar la presidencia de Colombia.

Al fin y al cabo, son innegables los vínculos políticos y de amistad de Vargas Lleras y el fiscal Martínez.

Desde luego, tantos rumores, consejas y comentarios en torno de la que será la suerte de Zuluaga caben en el marco de la actividad proselitista en la que están enfrascados todos los partidos con miras a la próxima elección presidencial. Pero hay que confiar en que el fiscal Martínez se limite a cumplir con sus funciones.

En el caso de Zuluaga, el fiscal dijo lo que dijo sobre los millones que entregó Odebrecht a esa campaña presidencial (1,6 millones de dólares), en reunión que se celebró en Sao Paulo entre el equipo de la campaña, integrado por Zuluaga, su hijo David, Iván Duque y Daniel García Arizabaleta (asesor político), y el publicista Duda Mendonça, según el gerente de Odebrecht Colombia, Eleuberto Martorelli.

Por alguna razón, el CNE no obtuvo esta confesión, evidencia que, por otro lado, todos los colombianos conocemos desde hace largos meses. Pero, por fortuna, la fiscalía no puede eludir su responsabilidad de establecer la verdad.

Si de la acción de la fiscalía surge un eventual beneficio para Vargas Lleras, que sea por el apego a las normas legales, no por la cercanía entre el exministro y candidato y el fiscal general, como algunos ciudadanos temen.

Que se actúe con rectitud, con transparencia, con las normas legales en la mano es el mejor favor que se le puede hacer a Colombia, en momentos en que sus sueños de paz están a punto de esfumarse.