La capacidad de asombro de los colombianos parece no agotarse ante la rápida sucesión de los  hechos de  corrupción que se destapan todos los días en nuestro país. Y es que cada vez son más escandalosos, cuantiosos, asombrosos y descarados los episodios de asaltos y saqueos de los recursos públicos.

Los robos a la salud, a la educación, a los programas alimentarios de los niños, al deporte y la recreación, a los presupuestos para las carreteras y las vías, a los acueductos y alcantarillados, a los entes territoriales, a los subsidios para las poblaciones más vulnerables no pasan en ninguna otra parte del mundo como en Colombia, con el agravante de que la justicia no opera y estas acciones criminales quedan sepultadas bajo el manto de la impunidad.

Unas veces sus autores actúan de la manera más vulgar y descarada y en otras con las más sofisticadas formas truculentas que les dan cierta apariencia legal para que no los descubran o no llamar  la atención.   

No es un problema de ahora, pues viene desde los inicios de nuestra república. De todos es sabido que el Libertador Simón Bolívar decretó la pena de muerte para los que fueran sorprendidos o hallados responsables de robar los recursos públicos. 

No es un secreto para nadie que la corrupción está en todas partes y ha penetrado todos los niveles de nuestra sociedad y sus instituciones. Y lo más grave, no se vislumbra una solución ni a corto, ni a mediano ni a largo plazo. 

Es triste decirlo pero hay que admitirlo que todas las reformas y medidas que se han anunciado y puesto en marcha en Colombia en los últimos años contra los corruptos han fracasado o no han dado los resultados que se esperaban. A veces, como se dice coloquialmente, el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

Preocupa también la indiferencia de la comunidad para protestar y denunciar a los bandidos. Pero  más preocupante aún la situación casi generalizada de aceptación o permisividad frente a los corruptos. Para muchos colombianos da lo mismo robar poquito o mucho como si no se tratara de un delito que merece castigo. Otros aceptan que “está bien que se robe, pero que se haga algo, que los funcionario dejen algunas obras”.

Los escándalos de estos días que tienen en el ojo del huracán a la Fiscalía, a magistrados y jueces, a funcionarios del Inpec, de la Dian, a políticos y empresarios del sector privado y a muchas otras entidades e instituciones parecen la copa que llenó el cántaro. Es como si la sal se hubiera corrompido, lo que genera desconcierto y desesperanza.

Pero no hay que desfallecer. El deber de los colombianos es seguir trabajando y luchando contra todas las formas perversas de corrupción. Así vengan, como seguramente va a ocurrir, nuevos escándalos y desafueros de los corruptos.