La mejor herramienta para enfrentar con éxito a la delincuencia no son ni los policías ni las armas ni la inteligencia recopilada. Es la voluntad política, es decir, la determinación irreductible de los gobernantes de combatir a los criminales en donde quiera que estén.

Sin ella, de nada sirven los policías mejor entrenados y dotados o el armamento más avanzado y con mayor poder de fuego o la información fidedigna de los criminales y de sus hechos. Sin voluntad para disponer todo lo necesario para neutralizar la actividad criminal en un momento determinado, todo lo demás —policías, armas, información— está de sobra.

Cuando hay esa decisión de hacer las cosas, y además se dispone de los recursos, el éxito en la lucha contra los delincuentes es rotundo. Pruebas hay suficientes. Pero, la más reciente, que tuvo como desenlace la muerte a tiros de Roberto ‘Gavilán’ Vargas Gutiérrez, el segundo al mando en el Clan del Golfo, es una evidencia contundente de que sí se puede.

Ahora ya esa organización criminal sabe que no es invencible, y su máximo cabecilla, Dairo Antonio ‘Otoniel’ Úsuga David debe estar pensando largo en lo que le espera. Claro, si las autoridades no detienen la persecución a la peor banda criminal de estos tiempos en Colombia. ‘Gavilán’ era el jefe militar de esa organización narcotraficante dedicada en los últimos meses a asesinar policías solo por el hecho de que lo sean.

Con acciones como esta, desarrollada en límites entre Chocó y Antioquia, cerca del golfo de Turbo, la opinión pública se afianza en su convicción de que cuando se quiere se puede, y de esa manera renace la confianza perdida de la sociedad en todos sus organismos de seguridad.  

Infortunadamente, la voluntad política es el ingrediente más escaso en todo el menú de acciones contra la delincuencia y los delincuentes. En Norte de Santander, por ejemplo, las autoridades no actúan algunas veces con contundencia, pero, cuando se deciden, logran resultados importantes, como los obtenidos en San Faustino, en acciones militares recientes contra el reducto local del Clan del Golfo.

Hay situaciones, sin embargo, como las de Villa del Rosario y El Carmen, respecto de los cuales no es fácil encontrar razones que justifiquen por qué nadie actúa, a pesar del temor que se vive en los dos pueblos. Realmente, no se entiende.

En El Carmen, donde además de darle bala al propio gobernador, en atentado del que se salvó por un pelo, donde el corregimiento Guamalito aguanta sed desde cuando, al parecer el Eln dinamitó el tubo del oleoducto Caño Limón-Coveñas y contaminó el frágil acueducto, en acción que se repitió hace cuatro días; donde amenazan a la dirigencia local, de donde se llevaron una maquinaria del departamento, nadie actúa.

En Villa del Rosario, que tiembla cada vez que en La Parada se desata un tiroteo ante centenares de transeúntes, donde hay una guerra por el control del contrabando entre el Eln y pandilleros locales, tampoco nadie toma medidas. ¿Qué esperarán? ¿Qué temerán..?

Dejar en los alcaldes la responsabilidad de actuar es inaudito. ¿Qué pueden hacer ellos, si quizás sean el blanco principal de los delincuentes? Realmente, ¿es voluntad para hacer lo que tienen qué hacer, recursos… o qué es lo que les falta a las autoridades? ¿Qué tienen las autoridades de Urabá que nos falta en la región…?